Acusado de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y posibles nexos con el cártel de los Caballeros Templarios, Jesús Reyna García, ex secretario de gobierno de Michoacán inició su proceso judicial recluido desde el penal de máxima seguridad El Altiplano.

 

Después de que se cumplió el plazo de la duplicidad de término constitucional para que la defensa de Reyna García entregara las pruebas que demostraran su inocencia, el lunes se informó que el juicio de amparo que había promovido le fue negado. Ayer, Ricardo Garduño Pastén, juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, le dictó el auto de formal prisión.

 

Antes de que se diera a conocer la resolución del juez, Francisco Montaño Mora, abogado de Jesús Reyna, aseguró que su cliente tenía plena confianza y seguridad de su inocencia.

 

“El licenciado Reyna se encuentra muy bien de salud. Está concentrado en la defensa y convencido de su inocencia. Este lunes estuve con el licenciado Reyna en el desahogo de pruebas; él se encuentra tranquilo porque está plenamente convencido de su inocencia”, sostuvo ayer el abogado en entrevista con la Agencia Quadratín, previo a la notificación del juez.

 

Desde el pasado miércoles 7 de mayo, Reyna García se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número Uno, conocido como El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

 

A mediados de abril pasado, grupos de autodefensas evidenciaron en redes sociales el video de una reunión entre Jesús Reyna, y el líder de transportistas, José Trinidad Martínez Pasalagua, con Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder de los Caballeros Templarios, actualmente prófugo.

 

Dos días después de la difusión de la grabación, Martínez Pasalagua confirmó que efectivamente era Jesús Reyna quien aparecía con él en el video y el encuentro con el capo había tenido lugar en el municipio de Tumbiscatío, en 2011.

 

Este diario publicó que, de acuerdo con testimonios de lugartenientes templarios, entre ellos Manuel Gutiérrez Mecinas, alias El Many, eran varias las reuniones al año que el ex mandatario sostuvo desde dicho año con miembros del cártel liderado por La Tuta.

 

Dichas declaraciones, videos, rastreos financieros y varias pruebas periciales forman parte de las evidencias recabadas en contra de Reyna García, quien fue detenido desde el 4 de abril y un día después se le dictó un arraigo de 40 días. Hasta el cierre de esta edición, la defensa de quien se desempeñara como presidente del PRI en Michoacán no había confirmado la apelación del fallo.

 

Mireles se ampara 

 

José Manuel Mireles Valverde, quien fuera el líder más emblemático de las autodefensas de Michoacán, tramitó un amparo ante la federación en contra de cualquier acto privativo de la libertad y la vida, luego de que se informara sobre su presunta relación con el homicidio de cinco personas.

 

La demanda de amparo 434/2014 fue presentada ante el Juzgado Noveno de Distrito en Michoacán el pasado 12 de mayo, el cual fue aceptado a trámite y se le concedió una suspensión provisional sobre los actos reclamados: “pretender privar de la libertad y peligro de privación de la vida”.

 

Sin embargo, la juez de la causa de amparo, Luz Idalia Osorio Rojas puso una serie de restricciones para evitar que el quejoso se sustraiga de la justicia en caso de que haya algún ordenamiento judicial en su contra.

 

Lo anterior fue notificado a través de las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, sobre la demanda presentada por José Manuel Mireles Valverde en contra del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal en Apatzingán, Michoacán.

 

“Asimismo, se concede al quejoso… la suspensión provisional del acto reclamado consistente en una orden de comparecencia, presentación y localización, girada en su contra, así como el pretender privarlo de la libertad y su ejecución, para el efecto de que no sea detenido y quede a disposición de este Juzgado por cuanto a su libertad personal se refiere, en tanto se notifique sobre la suspensión definitiva siempre que la orden no provenga de autoridad judicial o del Ministerio Público, en casos urgentes cuando se trate de delitos graves así calificados por la Ley, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia…”, se informó a través de los estrados del CJF.

 

Por ello, se fijó una fianza de 33 mil 500 pesos, la cual no fue depositada por el quejoso; de no pagarla en tres días quedará sin efectos la suspensión provisional decretada.

 

“…para la procedencia de dicha medida suspensiva, contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, como en la especie ocurre, la Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba fianza, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime conveniente..”, fue notificado Mireles Valverde.

 

En el tema del “peligro de privación de la vida”, la juez otorgó la suspensión de plano del acto reclamado, ya que la vida es un derecho humano, contemplado como bien jurídico resguardado por la Constitución, tratados internacionales asumidos por México; garantías individuales y derechos humanos.

 

Será hoy a las 11:45 horas cuando se realice la audiencia incidental, y para el próximo 20 de junio a las 11:30 horas la audiencia constitucional, en la cual el juez de la causa notificará sobre la situación actual de la demanda.

 

Por su parte, el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia con sede en Michoacán notificó a través de sus estrados que dentro de sus actuaciones judiciales no hay ninguna solicitud por parte de las autoridades ministeriales en contra de Mireles Valverde.

 

Como este diario informó, la Procuraduría General de Michoacán indicó que hay una línea de investigación contra el ex vocero de las autodefensas, por su posible participación en la muerte de cinco personas en la tenencia de La Mira, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.