Ante las denuncias de organizaciones no gubernamentales contra funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por supuestas omisiones en la atención a víctimas de violaciones graves, el ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva, respondió que en ocasiones, “las expectativas de las víctimas son muy elevadas, mientras las capacidades y posibilidades legales de la CNDH son muy cortas”.
Al participar en una reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el ombudsman recibió serios cuestionamientos por parte de los legisladores. El senador Alejandro Encinas, a nombre de diversas organizaciones sociales como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, cuestionó a Plascencia Villanueva la demora en la emisión de recomendaciones, así como faltas de respeto a los derechos de las víctimas y desatenciones de casos por parte del organismo.
Particularmente, hizo referencia a la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en 2010, que de acuerdo con organizaciones civiles ha sido uno de los casos más ignorados por la autoridad defensora.
“La comisión tiene la obligación de hacer el seguimiento minucioso de que las autoridades cumplan con su responsabilidad (…) no hay satisfacción plena en lo que han sido las investigaciones sobre el caso de la fosa del San Fernando”, expresó.
Sobre ello, Plascencia Villanueva reconoció retraso en ciertas investigaciones que involucran delitos graves que atentan contra los derechos humanos, aunque señaló que, debido a la complejidad de los casos, “algunas investigaciones tardarán hasta lustros para poder concluir”.
A cuatro años de la matanza de los migrantes, garantizó a los senadores que revisará las peticiones de todas las víctimas y familiares. Además, aseguró que solicitó al sexto visitador general de la CNDH la búsqueda de los familiares para desahogar debidamente sus denuncias.
Desapariciones
En cuanto al tema de personas reportadas como desaparecidas, el ombudsman informó que de 2005 a la fecha existe un registro en la CNDH de 24 mil 800 personas desaparecidas. De esos casos, 612 casos fueron presuntamente cometidos por agentes del Estado mexicano; 267 se atribuyen a miembros de la delincuencia organizada y en mil 424 casos no hay indicios claros de intervención de autoridad federal o delincuencia organizada. En 308 casos los desaparecidos son identificados como migrantes.