Un encontronazo empresarial se aproxima en el Congreso de la Unión en torno a la discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Por un lado estarán América Móvil y sus subsidiarias, que pese a todos sus esfuerzos siguen sin alcanzar la aprobación para prestar servicios de televisión. La operadora de Carlos Slim ha perdido 13% de su valor en el mercado en lo que va del año, lo que habla de las malas perspectivas sobre la firma. Del otro lado, las televisoras intentarán limitar la apertura alcanzada en la reforma. Uno y otro bandos cabildean ya con los grupos parlamentarios.
Pues no. El subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico Carlos Joaquín González no estuvo presente en la inauguración de la primera playa pública en Cancún, conocida como Playa Delfines, el 8 de mayo pasado, como trascendió en algunos medios. El evento lo encabezaron el presidente Enrique Peña Nieto y Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Turismo, acompañados por el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y por el director de Fonatur, Héctor Gómez Barraza, y fue tal el impacto que causó en el Presidente la playa que ordenó ampliar de 20 a 40 los proyectos de playas públicas en México.
Ya no se sabe bien a bien si los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación renunciarán también a la pensión de dos años que se aprobará en el próximo periodo extraordinario de sesiones. Sabemos que no aceptaron la pensión vitalicia, luego del reclamo social generalizado. Los magistrados son de los mejor pagados en el sector público nacional, con sueldo y prestaciones anuales por encima de los cuatro millones de pesos, pero están impedidos a litigar en los siguientes dos años saliendo de su puesto.
Los que se volaron la barda en su petición fueron los diputados federales Alfonso Durazo y Ricardo Monreal quienes han pedido se establezca una comisión investigadora sobre la inclusión de los haberes de retiro de los magistrados del TEPJF. Es que nadie sabe a ciencia cierta quién o quiénes fueron los autores. El presidente del propio Tribunal, Alejandro Luna afirma que salió del Congreso, mientras que los diputados de izquierda tienen la sospecha que fue el gobierno. Duda sin resolver.