Las agresiones contra la prensa se han multiplicado en Brasil en los últimos meses mientras que el Gobierno sigue sin adoptar medidas para garantizar la seguridad de los comunicadores, aseguran las principales asociaciones brasileñas e internacionales de periodistas.
Según la organización Reporteros sin Fronteras, en 2014 han sido asesinados ya cuatro periodistas en la mayor democracia latinoamericana, que en 2013 encabezó, con seis muertes violentas, el ránking del Instituto de Prensa Internacional de países más peligrosos para los reporteros en el continente.
La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (ABRAJI) ha registrado 163 agresiones deliberadas a periodistas desde que en junio del año pasado multitudes comenzaron a salir a las calles para exigir mejores servicios públicos.
Uno de ellos, el camarógrafo Santiago Andrade, murió en febrero tras ser alcanzado por un artefacto explosivo mientras cubría una manifestación en el centro de Río de Janeiro.
El secretario ejecutivo de ABRAJI, Guilherme Alpendre, afirmó a Efe que en el último año se ha registrado “un aumento de hostilidad general” contra la prensa y se mostró “especialmente preocupado” por el hecho de que un 80% de esas agresiones fuera perpetradas por policías contra reporteros debidamente identificados.
“Lo realmente grave es la impunidad de las fuerzas de seguridad”, asegura Alpendre, para quien existe una “polarización entre periodistas y policías” por la creciente atención de la prensa a los abusos policiales en los últimos años.
Pese a que algunos medios ofrecen cascos y chalecos antibalas a periodistas y camarógrafos que cubren las habituales protestas en la ‘Cidade Maravilhosa’, para la presidenta del Sindicato de Periodistas de Río de Janeiro, Paula Mairan, el porcentaje de periodistas que cuentan con ese equipo “es pequeño”.
Otro factor en esta escalada de la violencia es que durante las manifestaciones, en palabras se Alpendre, se produce “una confusión entre empresas y periodistas”. “Hay ciudadanos que, queriendo criticar al medio, atacan al periodista”, explica.
Según Mairan, “los brasileños están hartos de que los medios sean oligopolios controlados por unos pocos y cometen el trágico error de castigar la línea editorial de un medio atacando a sus corresponsales individuales”.
Hace dos semanas el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) presentó el informe ‘Segundo tiempo para la prensa brasileña’ en el que denuncia la “impunidad” de estos asesinatos y el “acoso legal y censura judicial” que sufren los “periodistas críticos”.
Brasil sigue ocupando el puesto el número 11 en el Índice de Impunidad Global del CPJ.
El Instituto Internacional de Prensa instó en 2013 al Gobierno brasileño a aprobar una ley que facilite la persecución jurídica de los autores de crímenes contra periodistas.
El Congreso analiza desde hace dos años y medio un proyecto de ley que propone permitir a la Policía Federal la investigación de crímenes contra periodistas cuando se detecte “omisión o ineficacia de las autoridades (regionales) competentes”.
Otros cuatro proyectos legislativos de protección a la prensa siguen su larga tramitación en el Senado brasileño. Dos pretenden asegurar el suministro obligatorio de equipos de seguridad a periodistas que cubren acciones policiales y los otros dos buscan reducir la impunidad de las represalias violentas a reporteros.
“El grado de adopción e implementación de estas medidas durante los próximos 12 meses será una prueba de fuego de la voluntad política del Gobierno para reforzar la lucha por la justicia más allá de la retórica”, señala Elisabeth Witchel, coordinadora de la campaña del CPJ contra la impunidad.
Aunque el CPJ reconoce en su informe “esfuerzos recientes” que han conducido al procesamiento de los culpables en tres asesinatos de periodistas, critica la reciente oposición del Gobierno brasileño al ‘Plan de Acción de Naciones Unidas para la Seguridad de los Periodistas’.
Tássia Rabelo, coordinadora general del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona (CDDPH) en la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, dijo a Efe que en una reciente reunión con representantes de la UNESCO se discutió la elaboración de una plataforma web que permita a cualquier ciudadano tener acceso inmediato a datos sobre violencia contra los periodistas en el país.
Rabelo dijo igualmente que la Secretaria negocia con el Ministerio de Justicia la creación del Observatorio de Violencia contra Comunicadores, una unidad especializada en la recepción y el seguimiento de denuncias de violencia a la prensa.
Según Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, “si (la presidenta brasileña, Dilma) Rousseff logra crear un entorno seguro para los medios brasileños, Brasil habrá avanzado en sus esfuerzos para definir su futuro político como líder continental y mundial”.