El bullying no está tipificado como delito en el país porque no se trata de una conducta delictiva, sino de un comportamiento con detonantes multifactoriales, explicó Alma Meneses, responsable de Legislación y Políticas Públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Agregó que los mecanismos para resolver las situaciones que se generan a partir de la violencia entre pares en las escuelas quedan en manos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades administrativas, en tanto son las que tienen a su cargo la seguridad y los derechos de niñas y niños cuando están en el plantel educativo.
La recurrencia de casos de Bullying en el país ha llevado a que la CNDH llamé al Estado mexicano a legislar sobre el tema, sin embargo, Meneses subrayó que todos los estados cuentan con una Ley de Justicia para Adolescentes que establece dos tipos de sanciones para los jóvenes de entre 12 y 18 años cuando cometen un delito grave, que son las privativas de la libertad, en un centro de reclusión o en el domicilio, o alternativas como trabajo comunitario, firmas periódicas o actividades que tienen la finalidad de reintegrarlos a la sociedad.
“De acuerdo con las reformas al artículo 18 Constitucional, niñas, niños y adolescentes no pueden ser juzgados igual que un adulto porque las repercusiones afectarían su proyecto de vida. Sin embargo, si es mayor de 12 puede entrar a una lógica de procedimiento penal con averiguación previa y, si resulta responsable, un juez penal debe impugnarle una sanción acorde a su edad y falta”, dijo.
En 2011, la SEP implementó el Marco para la Convivencia Escolar en planteles de preescolar, primaria y secundaria, así como de educación especial del DF, que prevé sancionen a 135 conductas “inaceptables” en los planteles de educación básica, entre ellas el acoso o bullying, las cuales no incluyen la expulsión pero sí acciones como realizar servicio comunitario o perder privilegios escolares.
Sobre las sanciones, Juan Martín Pérez señaló que la SEP se ha cerrado al concepto de bullying para delimitar el problema de violencia a niños que se agreden dentro de la escuela, y añadió que el hecho de reconocer el problema que aqueja a la escuela pero también a la comunidad en donde se ubica el plantel permitirá que se reduzcan los hechos de violencia.
Sin embargo, Meneses enfatizó que cuando un estudiante daña la integridad física de un compañero lo que se tiene que buscar es frenar la situación de violencia que hay detrás: “no podemos estar a favor de que se sancione a niños y niñas porque nuestra lógica es garantizar los derechos en los distintos núcleos en los que se desenvuelven”.
Los menores que participan en la agresión a sus compañeros deben tener una sanción acorde a su edad, pero que les permita entender la violencia que ejercieron para modificar su conducta, señaló Juan Martín Pérez, director de la Redim.
“Debe haber una sanción para niños y adolescentes, no permitir la impunidad porque esto aumenta la repetición de los casos”, subrayó Pérez.
Empoderar a observadores, la clave
Ocho de cada 10 estudiantes de educación básica han sido testigos o escuchado de algún acto de bullying, lo que hace de los espectadores de este fenómeno una parte fundamental para atacar este fenómeno que afecta a 18 millones de niños y jóvenes en el país.
“Cualquier programa que se lleve a cabo debe de incluir a todos los participantes de la dinámica escolar, de nada va a servir trabajar sólo con los profesores, los agresores o las víctimas, también los jóvenes que son testigos diarios de esta conducta deben ser integrados en estos planes”, señaló Sergio Molano, académico del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana.
De acuerdo con el especialista, el miedo y la falta de empoderamiento ante una situación de acoso escolar, son las principales causas por las que la mayoría de los estudiantes se quedan callados ante un acto de violencia.
“Las razones por las que los observadores no actúan frente a una situación de bullying es principalmente por miedo de enfrentarse al hostigador, que por lo regular es más fuertes, o porque no son conscientes de la capacidad que tienen para intervenir, no están empoderados, no se miran como alguien que puede hacer una transformación en ese ambiente”, dijo el especialista en entrevista telefónica.
En las escuelas, prosiguió, hay diferentes tipos de observadores: los partidarios, que son quienes acompañan al acosador y si bien no golpean a la víctima se ríen de ella; los espectadores neutrales, que observan la situación y no se meten, otros asociados a la víctima, que se acercan a ella luego de que sufrió el acoso y hay quienes incluso podrían actuar contra el acosador, pero son los menos.
Molano advirtió que para que una estrategia como la que plantea el gobierno federal dé resultados para prevenir y erradicar este fenómeno es necesario tomar en cuenta a todos los participantes de la vida escolar, desde maestros y alumnos hasta padres de familia y trabajadores, más allá de víctimas y victimarios, dado que una forma de contrarrestar el bullying es concientizando a los observadores.