La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa aprobó un punto de acuerdo para que el delegado en Álvaro Obregón y el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informen sobre el conflicto por agua que derivó en un enfrentamiento la semana pasada.
Sin embargo, la mayoría de los asambleístas rechazó citar a comparecer al delegado, Leonel Luna, y al titular del Sacmex, Ramón Aguirre, argumentando que primero debe tener información de lo ocurrido, y luego de ser necesario, pedir su comparecencia.
Al aprobar que se pida a ambos funcionarios un informe pormenorizado sobre el conflicto, la fracción mayoritaria del PRD, en voz de la diputada Ana Lilia Hernández, señaló que “es urgente conocer el fondo para proponer soluciones y evitar más violencia”.
A su vez, la promotora del punto de acuerdo, la perredista Polimnia Romana expuso que el informe solicitado debe ser preciso y minucioso para poder responder las inquietudes de los inconformes.
Dijo que el informe debe contener el patrón o registro de todos y cada uno de los carros tanque o pipas que dan servicio en la zona, sus rutas y mecanismos de distribución, permisos o autorizaciones expedidos para su operación, el número y localización de sus fuentes de abastecimiento y carga de autotanques que operan en la delegación.
En tanto, afuera de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), habitantes de San Bartolo Ameyalco se manifestaron para exigir la continuación de las obras hidráulicas que los liberen de “piperos”.
Aunque su protesta fue pacífica interrumpieron el tránsito en las inmediaciones del recinto legislativo toda vez que ocuparon la esquina que forman las calles de Donceles y Allende.
En el pueblo de San Bartolo Ameyalco el pasado 21 de mayo más de mil granaderos se enfrentaron con vecinos de la comunidad, quienes rechazan una obra hidráulica no aprobada por la Asamblea de Pueblos.
Las autoridades del gobierno capitalino señalaron que la obra servirá para llevar el agua a habitantes del pueblo de San Bartolo que carecen del servicio y tienen que pagar a “piperos” para que les surtan el vital líquido.
Al respecto la diputada Polimnia Romana, dijo, los legisladores deben tener la información para vigilar que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el acceso al agua de todos los ciudadanos pues este es un derecho humano reconocido por la Constitución.