De una meta de mil 758 proyectos de seguridad pública para 2012, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) implementó únicamente 31, lo que impactó de manera importante las estrategias en la materia en todo el país.
Este resultado significó un avance de sólo 1.8% de lo que ofreció la administración de Calderón Hinojosa al inicio de aquel año, según el análisis sobre el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012, realizado por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
El SESNSP, dirigido por José Óscar Vega Marín entre 2011 y 2012, ni siquiera pudo acreditar que los 31 proyectos -que sí operó- contaran con una planeación y programación de las acciones, a fin de realizar estudios y encuestas relacionadas con las estadísticas oficiales de criminalidad, percepción de seguridad, fenómenos delictivos y de victimología.
“Se constató que el SESNSP no dio seguimiento ni monitoreó el avance del Programa de Apoyo para la Seguridad Pública, por lo que no fue posible evaluar su impacto en la consecución de las metas de los 15 programas con prioridad nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública”, concluyeron los legisladores.
Además, resaltaron las irregularidades por más de dos mil millones de pesos al Fondo Federal de Aportaciones para la Seguridad Pública, el cual ascendió a un total de 7 mil 374 millones de pesos.
En este sentido, los diputados acusaron que “el titular del secretariado (Vega Marín) no verificó ni revisó, en campo, la información proporcionada por las entidades federativas. En cuanto a los recursos no ejercidos, al momento de la auditoria, seis de las 31 entidades federativas no habían reintegrado 29.2 millones de pesos”.
Desvió de recursos
El documento con las recomendaciones que emitieron los legisladores explica a la Auditoría Superior de la Federación que el mal gasto del presupuesto, en lugar de abatir la impunidad en México, propició el desvío de recursos, situación que afecta de manera perversa los programas de salud y educación para las arcas del país.
El presupuesto que se entregó para combatir la violencia y la corrupción -que fueron destinados para mejorar la impartición de justicia y el sistema penitenciario- registró un subejercicio que supera 4 mil 400 millones de pesos, cifra que equivale a 54.6% de total de los recursos dirigidos para este fin.
“La norma señala que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública está encargado de revisar el manejo de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública. En ese sentido la ASF constató que el Sistema de Evaluación ejecutado por el Secretariado no genera incentivos para la entrega de información oportuna y completa y omite la verificación del avance de metas de los programas de prioridad nacional”.
“Esto tiene como consecuencia que no sea posible determinar el impacto de los fondos en el fortalecimiento de la procuración de justicia” y, por el contrario, se detectó que los recursos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se destinaron con “fines distintos a los previstos o pagos en concepto que no cumplieron con los requisitos establecidos”, se expone en el informe legislativo.
Las irregularidades
El análisis denuncia que se hicieron “reprogramaciones de los fondos sin disponer de la validación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recursos no ejercidos y falta de documentación comprobatoria o justificativa del gasto”.
Respecto a los fondos destinados a obras públicas y a adquisiciones, se detectó “obra pagada no ejecutada y anticipos no amortizados; irregularidades en los procesos de adjudicación de bienes y servicios, y en la contratación de obra pública; retraso en la entrega del armamento y las municiones adquiridos a la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional)”.
Durante ese 2012, la administración de Caldearon Hinojosa recibió un incremento al presupuesto del SESNSP, que dirigía el político poblano y licenciado en administración de empresas José Oscar Vega Marín, superior al 888% en términos reales, con relación al año anterior (2011).
Además, la revisión federal evidenció la carencia de programas conjuntos para el abatimiento del rezago en la atención de averiguaciones previas y, por lo tanto, de la impunidad, rubro previsto sobre la colaboración de las diversas Procuradurías del país y plasmado en un convenio.
“Sobre la infraestructura penitenciaria en el país”, señala, “se determinó que las obras previstas en 33 contratos de obra pública y de servicios a precios unitarios y tiempo determinado no se concluyeron en el plazo convenido, por lo que se formalizaron 89 convenios modificatorios que aumentaron los costos 11%, sumado a ello, los servicios de gerencia de proyectos y de supervisión se incrementaron en promedio 71 y 80%.