El pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar el daño patrimonial y moral a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, detenida y encarcelada en 2006 acusada de haber secuestrado ella sola a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en Querétaro.

 

El abogado que lleva la defensa de la indígena, Andrés Díaz, quien pertenece al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C., explicó que el Tribunal Fiscal determinó que la PGR debe dar una disculpa pública a Jacinta, reconociendo su inocencia, la cual siempre ha negado.

 

“Esto se suma a lo que ya el 20 de noviembre pasado el mismo pleno había establecido en torno al caso de Alberta y de Teresa: se condena a la PGR a una indemnización patrimonial, es decir, por lo que dejó de percibir por el tiempo que estuvo injustamente en prisión, que son tres años tres meses, y también se condena a una indemnización por daño moral, es decir, por todas las afectaciones que ella sufrió”, detalló el litigante,

 

El abogado instó a la PGR a acatar la decisión del Tribunal, y lamentó que hasta el momento no haya hecho lo propio en los casos de Teresa y Alberta.

 

El abogado comentó que por voluntad de Jacinta, el monto económico de la reparación se mantiene bajo reserva. “No es sólo una cuestión de dinero, también que constituya mecanismos de no repetición”, expresó.

 

Jacinta Francisco Marcial fue detenida junto con Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara en 2006, tras un operativo antipiratería en el tianguis de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, Querétaro, en el que policías fueron confrontados por los vendedores.

 

La PGR acusó a las tres mujeres de privación ilegal de la libertad en agravio de servidores públicos y a una de ellas, a Alcántara Juan, le agregó el cargo por posesión de cocaína, por lo que fueron condenadas a 21 años y 2 mil días de multa, pero en 2009, Francisco Marcial fue liberada debido a que PGR  presentó conclusiones no acusatorias en su contra.

 

En tanto  Alcántara Juan y González Cornelio quedaron libres  al año siguiente por la Suprema Corte de Justicia, que adujo graves irregularidades en el proceso.