Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analice el amparo que promovió contra la orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La petición fue recibida por la oficialía de partes de la SCJN y será presentada ante los ministros, ante la posibilidad de que alguno de ellos decida atraerla.
Actualmente, Yarrington Ruvalcaba se encuentra prófugo de la justicia, ya que hay una orden de aprehensión en su contra, otorgada por el Juez de Distrito en Materia Penal con sede en Matamoros y por la cual se inconformó a través del amparo.
Al respecto, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo Penal, Francisco Javier Sarabia, ratificó la negativa de la protección de la justicia para Yarrington.
Autoridades consultadas señalaron que la petición del ex mandatario deberá cumplir con las características de importancia y excepción para que el máximo Tribunal del país lo atraiga, aunque hay pocas probabilidades de ello, ya que se trata de un asunto ligado a la delincuencia organizada, cuya orden de aprehensión fue otorgada por un juez de Distrito y ratificada por un juez de amparo en segunda instancia.
Ante la negativa del amparo, el ex gobernante se inconformó ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual deberá entregar a la Corte los informes requeridos sobre el asunto para presentar el expediente a los ministros para su posible atracción.
Cabe destacar que el principal argumento de la defensa para solicitar el recurso de protección es que las imputaciones del Ministerio Público están fundamentadas en los señalamientos de testigos protegidos, mismos que también acusaron a diversos generales del Ejército de tener vínculos con la delincuencia organizada y que ya fueron liberados.
Desde el pasado 27 de febrero, Yarrington se encuentra prófugo de la justicia, cuando se le negó el amparo contra su arresto, mismo que promovió por la orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por lo anterior, podrá ser detenido en México, o en 189 países más, a través de la Interpol.
El ex gobernador es investigado por la PGR desde el 2009, luego de que testigos protegidos de la DEA lo señalaron, junto con otros políticos y empresarios de Tamaulipas como responsables de facilitar operaciones del Cártel del Golfo y Los Zetas, así como de lavado de dinero.