Rodolfo Pedraza Longi, el juez que hace ocho años condenó por secuestro a las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara -reivindicadas este 27 de mayo por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA)-, estuvo casi 90 días dentro de la lista de nominados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para obtener una plaza de magistrado de circuito, publicada en el Diario Oficial el pasado 6 de marzo.

 

Para infortunio de Pedraza, este miércoles 29 su postulación fue descartada, comunicándose por parte del CJF los resultados de su concurso, que sólo favorecieron a 44 de los participantes.

 

Pedraza cobró notoriedad por sentenciar a 21 años de cárcel y 90 mil pesos de multa a cada una de las comerciantes, acusándolas de secuestrar ellas solas a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en un mercado de Santiago Mexquititlán, ubicado en Amealco, Querétaro.

 

VENDÍAN AGUA DE FRUTAS

 

En los hechos, suscitados el 26 de marzo de 2006, las mencionadas mujeres sólo participaron en las protestas y forcejeos que un grupo de comerciantes realizó tras el arribo al tianguis de un pelotón de agentes federales, quienes buscaban piratería, aunque las inculpadas sólo vendían agua de frutas y apenas hablaban español.

 

El fiscal que acusó a las otomíes fue el agente del ministerio público Gerardo Cruz Bedolla, quien no tuvo problema para lograr que el juez Pedraza ratificara en todos sus puntos y en dos instancias judiciales una gruesa averiguación penal contra Jacinta y compañeras, “autora intelectual” y “cómplices” respectivamente.

 

Jacinta, cuyo proceso fue seguido por Amnistía Internacional, así como el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, fue finalmente liberada del Centro de Readaptación Social San José El Alto, en Querétaro, el 16 de septiembre de 2009; al tiempo que González y Alcántara salieron el 28 de abril de 2010.

 

REPARAR DAÑO MORAL

 

El TFJFA ordenó esta semana a la PGR indemnizar y reconocer de manera pública la inocencia de Jacinta, argumentando que ésta recibió un daño económico al no poder trabajar durante tres años de reclusión, así como un consiguiente daño moral, a pagar en especie.

 

Si bien el Tribunal reconoció en su fallo que el Estado mexicano incurrió en “actividad irregular” contra la indiciada, se eximió de responsabilizar al agente del MP Gerardo Cruz, de quien dijo “sustentó una acusación inverosímil”, o al juez Pedraza, quien “asumió la responsabilidad de dictar las sentencias.”

 

OTRO FALSO INCULPADO

 

Rodolfo Pedraza tiene en su haber otro encarcelamiento injusto en la capital queretana, ejecutado entre octubre de 2007 y agosto de 2010; el del danzante Juan Ranulfo Martínez Pérez, integrante del grupo Danza Chichimeca de La Cañada, quien antes de resultar exonerado por la PGR, estuvo acusado de “tráfico de indocumentados”, siendo que el único delito reconocido por el inculpado fue el de: “darles un poco de agua”.

 

HACIA LA MAGISTRATURA

 

Nacido en el Distrito Federal y abogado egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, Rodolfo Pedraza Longi no obtuvo su anhelada magistratura de circuito, sin embargo, conservará su plaza como juez distrital de Querétaro, cargo que se considera “inamovible” salvo fallo adverso de los tribunales, que hasta ahora no se ha dado.

 

Con su actual puesto, Pedraza percibe la cantidad de 155 mil pesos brutos como salario mensual, y de haber ganado la magistratura, este habría subido a 208, según datos no oficiales.