Las comisiones de Educación de las cámaras de Diputados y de Senadores trabajan en la construcción de un nuevo marco legal para prevenir y tratar la violencia en las escuelas del país.
Los presidentes de dichas instancias, el diputado perredista Jorge de la Vega Membrillo, y el senador panista Juan Carlos Romero Hicks, anunciaron que estos órganos colegiados han trazado una ruta de trabajo para este propósito, según un comunicado.
En el programa de trabajo se establecen los mecanismos de consulta a los diversos actores que confluyen en el sector educativo, entre los que destacan funcionarios, maestros, asociaciones de padres de familia, organizaciones empresariales e investigadores.
Los legisladores coincidieron en que el tema de la prevención y tratamiento de la violencia entre y contra niños, niñas y adolescentes, está contemplando en al menos cinco ordenamientos que distribuyen competencias entre los tres órdenes de gobierno.
Asimismo una docena de entidades federativas tienen leyes específicas sobre violencia en el entorno escolar, por lo que advirtieron que antes de pensar en nuevas leyes debe conocerse cómo se han aplicado las actuales e identificar las mejores prácticas para atender la problemática.
El diputado Jorge de la Vega, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), puntualizó que “diputados y senadores coincidimos en que el fenómeno de la violencia en las escuelas debe ser afrontado integralmente, atendiendo los múltiples factores que lo propician”.
En esta labor, opinó, el respaldo de las leyes es una de las herramientas indispensables, por lo que las comisiones hemos convenido analizar tanto los alcances y eficacia de la legislación vigente, como las diferentes propuestas que sobre la materia han sido presentadas en el Congreso.
A su vez, el senador Juan Carlos Romero, del Partido Acción Nacional (PAN), adelantó que en el diseño de las iniciativas tendrán que ser cuidadosos en no calificar como bullying a todas las conductas violentas que acontecen en la escuela.
Sobre todo, insistió, en no establecer un marco jurídico que pervierta la vocación de las instituciones educativas al convertirlas en centros correccionales.
Comentó que los legisladores tienen la determinación de que tras este proceso de consultas, se pueda construir un proyecto consensuado que esté listo para ser discutido por las cámaras durante el próximo periodo de sesiones, que comienza en septiembre.