Por primera vez en la historia legal de México, un juez de Distrito otorgó el amparo a una menor de edad por las omisiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para prevenir y detener el bullying que sufrió en su escuela.
El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que concedió la protección de la justicia federal a la menor, consideró que las omisiones de las autoridades educativas federales han producido tolerancia del bullying entre alumnos, y no adoptaron las medidas necesarias para proteger la integridad personal de la afectada en relación con posibles riesgos de abusos a sus derechos fundamentales dentro de la escuela pública en la que estudia.
La nueva Ley de Amparo aprobada en 2013 permite a los ciudadanos solicitar la protección de la justicia federal en caso de omisiones de autoridades. Así, cuando una instancia gubernamental sea omisa en atender un requerimiento hecho por escrito por un gobernado, si este último solicita el amparo, un juez puede concederlo para el efecto de que la autoridad dé cumplimiento a la petición.
En el caso de la menor, con la protección de la justicia federal se ordenan medidas cautelares para protegerla del acoso escolar. Entre éstas se incluyen que se deberá identificar la situación de forma clara y precisa; informar tanto a la familia de la menor acosada como a la del menor que es identificado como aquel que genera la afectación respectiva; así como al conjunto de profesores.
La SEP deberá asignarle a una mujer del plantel para que la proteja, de manera discreta, y vigile los espacios comunes con sus compañeros, principalmente durante las entradas, cambios de clase, recreos y almuerzos, a fin de evitar el acoso escolar.
Además, la víctima deberá ser escuchada a fin de que se informe sobre la afectividad de las medidas que se ordenaron, y si es su deseo cambiar de grupo o si han subsistido las agresiones a su persona, proponga qué otras medidas se deben adoptar para que se sienta protegida y en confianza en el centro escolar.
Además, las autoridades responsables -la directora Regional de Servicios Educativos Centro de la Secretaría de Educación Pública y el Supervisor de la Zona Escolar Siete- deberán informar mensualmente al representante especial de la menor de las medidas que se sigan adoptando para salvaguardar la integridad de la niña en el centro de estudios durante todo el año escolar.
La autoridad estimó que los actos denunciados son violatorios de los derechos fundamentales protegidos por el artículo 8 constitucional, así como por los preceptos referentes al interés superior del niño previstos en los tratados internacionales.
La resolución se sustenta además en la Convención sobre los Derechos del Niño, en criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tratados internacionales en la materia.
Docentes carecen de protocolos para actuar
Por Gabriela Rivera
Los maestros no cuentan con un protocolo de acción para atender casos de bullying o violencia entre los niños. Al no haber incluido éste y otros temas en las 15 acciones propuestas por la SEP para combatirlo, la organización Mexicanos Primero calificó la propuesta de “genérica, abstracta e irrelevante”.
Armando Ruiz Badillo, académico del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, señaló que no existen protocolos institucionales para que los maestros, directores y supervisores sepan qué hacer cuando enfrentan un caso.
Con él coincidió David Calderón, director de Mexicanos Primero, quien añadió que los maestros están solos frente a una situación de violencia
-¿El maestro tiene el apoyo del director, de un psicólogo, de la comunidad educativa?
-Hoy no. En testimonios de los maestros se sienten solos y abandonados. Sólo en el caso del Distrito Federal los maestros sí se sienten acompañados con la estrategia de convivencia que tiene dos años vigentes.
Sin embargo, este tema no se incluyó en las 15 acciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentadas la semana pasada.
Durante un encuentro con los medios, Calderón calificó el programa piloto de la dependencia –que entra en vigor el último trimestre del año-, como “genérico, abstracto e irrelevante”, sin una propuesta real de cómo se atenderá el problema.