La bancada del PRD en la Cámara de Diputados propondrá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión crear un grupo de legisladores que dé seguimiento al proceso electoral en Nayarit.

 

En un comunicado, se informó que lo anterior se presentará en un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, mañana martes, en la sesión de la Comisión Permanente, ya que el 6 de julio próximo habrá elecciones ordinarias en dicha entidad.

 

Los diputados perredistas que firmaron el punto de acuerdo son el coordinador de la bancada, Silvano Aureoles Conejo; el vicecoordinador, Miguel Alonso Raya; Fernando Zárate Salgado, Fernando Belaunzarán Méndez, Víctor Manuel Manríquez y Guillermo Sánchez Torres.

 

El documento establece que el 6 de julio próximo se llevarán a cabo en Nayarit elecciones ordinarias para renovar el Congreso local, conformado por 18 diputaciones de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, así como 20 ayuntamientos.

 

De acuerdo con los legisladores, existe un clima de enrarecimiento político en la entidad debido a hostigamiento y persecución contra los candidatos de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

 

Los diputados precisaron que el 28 de mayo pasado, una comisión de líderes de los partidos de oposición, conformada por el presidente del PAN e integrantes del Consejo Político del PRD solicitaron una entrevista con el fiscal general del estado, Édgar Veytia.

 

A dicha cita también acudieron el secretario general de Gobierno, José Trinidad Espinoza; el secretario de Seguridad Pública, Jorge Alonso Campos, y el titular de Derechos Humanos del estado, Huicot Rivas Álvarez.

 

Fueron recibidos en la explanada de la dependencia, vigilados por casi 200 elementos de seguridad estatal, vehículos antimotines y aparatos sofisticados de vigilancia, lo que consideraron un montaje intimidatorio para los asistentes.

 

La entrevista se solicitó al fiscal general para abordar supuestas irregularidades, como el retardo en la entrega de cartas de antecedentes no penales a candidatos, y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tomara nota de ello.