En España el lunes por la mañana en pocos minutos la noticia corrió veloz por las redes sociales e inmediatamente invadió masivamente los medios tradicionales de radio, televisión e incluso los periódicos que lanzaron ediciones especiales en papel (algo más propio del siglo XX), “el Rey Juan Carlos I abdica”. Con la noticia surgieron las especulaciones sobre los motivos de tal decisión: ¿enfermedad u ocaso del rey?, ¿imputación judicial de la infanta Cristina esposa de Urdangarín?, ¿los resultados de las elecciones para el Parlamento Europeo en España con el fin del bipartidismo político y el crecimiento de las formaciones políticas radicales?, ¿la necesidad de encontrar una solución al desafío del independentismo de Cataluña?
Seguramente no hay una respuesta única, todas tienen su grado de importancia y en todo caso los resultados electorales y políticos son consecuencia de la pérdida de prestigio del rey en los últimos años a causa de sus actuaciones privadas, así como de la de su yerno que han puesto en jaque no solo la figura del Rey Juan Carlos sino de la propia institución de la Jefatura del Estado. Antes de llegar al mate se ha puesto en marcha una operación de ingeniería de reforma y de gestión cuidadosa de los tiempos políticos con el fin de relevar al monarca para salvaguardar la forma política del Estado español que es la monarquía, establecido así en la constitución
La gestión de los tiempos es esencial en este diseño fino de la sucesión. Lo estamos viendo en el proceso que se inicia después de las elecciones para el Parlamento Europeo y se encaja antes de las vacaciones legislativas y se anticipa suficiente a unas nuevas legislativas previstas para finales de 2015, en el que puede ser difícil tener una mayoría como la actual a favor y un secretario interino del Partido Socialista a favor. La precisión demuestra que no es improvisació, el lunes 2 de junio el presidente del Gobierno español comunica la abdicación del rey Juan Carlos. El 3 por la mañana el consejo de ministros aprueba la Ley Orgánica de un solo artículo que debe regular el proceso de sucesión y la misma tarde pasa al Congreso. El día 11 se aprobará en el Congreso de Diputados y el 17 en el Senado, con una previsible mayoría a favor de un 90%. Finalmente el día 18 de junio se proclamará a Felipe VI rey de España ante el pleno de las Cortes Generales en sesión conjunta del Parlamento y Senado.
A partir de este momento si se es coherente con la proclamación real de la necesidad de un cambio generacional, desde la persona del nuevo rey se deberían afrontar con decisión los problemas políticos derivados de la crisis económica y de la obsolescencia institucional. Por ello es previsible que se inicie una reforma constitucional que debería partir con unas elecciones constituyentes. Se iniciaría así una segunda transición política para acordar un nuevo equilibrio y encaje territorial y social, que son los principales problemas que afligen y bloquean la política española actual. En esta segunda parte, la precisión debe dar paso al diálogo, al arbitraje, al pacto. La ingeniería política quedará sometida a las tensiones de las fuerzas económicas y políticas deseosas de conservar o ganar posiciones y es en este punto que el Rey deberá ejercer su función constitucional de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Punto crucial para que el nuevo Rey Felipe VI recupere el prestigio que la corona y el Rey Juan Carlos tuvo durante la transición democrática y mejore así con la calidad de su actuación la aceptación popular condición sine qua non para la permanencia de la monarquía como forma de Estado.
La operación de sucesión si bien estabiliza la institución dándole la continuidad constitucional prevista, su permanencia y apoyo popular dependerá no de la legalidad constitucional sino de la legitimidad adquirida por el prestigio de sus funciones así como tanto de su comportamiento ético personal, como el del de su entorno familiar. Sin embargo, las incertidumbres y derivadas de la abdicación se extienden a varios ámbitos políticos. Inmediatamente las izquierdas, republicanas, han aprovechado la ocasión para convocar manifestaciones a favor de convocar un referéndum que decida entre la forma de Estado de monarquía y república. Esta reivindicación tiene un cierto apoyo de las generaciones que han vivido exclusivamente bajo el modelo de Estado de la monarquía y no admiten la sucesión dinástica que consideran un anacronismo no democrático. Si esta posición política llega a ser importante, se traducirá en una presión sobre el partido socialista (PSOE) que siendo tradicionalmente republicano, ha admitido desde la transición que la forma de Estado de monarquía parlamentaria es un modelo de Estado útil para España y que lo esencial es que la monarquía sea democrática. Esta presión republicana en el seno del partido socialista, y debido a su grave quebranto electoral, podría conducir a una división interna sin precedentes.
Esta división también se puede producir en la coalición catalanista de Convergencia i Unió que se verá obligado a optar por la abstención en la votación para la proclamación del nuevo rey. Un voto a favor les situaría a los pies de los caballos de la cabalgada independentista de Esquerra Republicana, aunque un voto en contra e incluso la abstención los deja fuera del juego político para la negociación de una posible reforma constitucional perdiendo la centralidad que tradicionalmente han ocupado. La libertad de voto a sus diputados sería una solución que dividiría menos y coherente además con su posición común de la defensa del derecho a decidir. Aunque con la misma coherencia, Esquerra Republicana debería abstenerse o no acudir a la votación, en lugar de votar en contra. Esquerra Republicana proclamar su deseo de no interferir en las decisiones sobre la forma de Estado tomadas por el que consideran cada vez más un Estado vecino extranjero. En todo caso y en marco de Cataluña, las decisiones del Rey y de los dos partidos políticos que han obtenido la mayoría de votos en las elecciones para el Parlamento Europeo, podrán tanto activar como desactivar las mayorías a favor de un referéndum para decidir la secesión de Cataluña. La abdicación del Rey Juan Carlos los ha colocado a todos en el filo de la navaja de sus propios errores, más que en el de los demás como ha sido hasta ahora con sus réditos electorales y de popularidad.
Un rey necesita un Estado, ¿pero necesita un Estado un rey? Con la abdicación del Rey Juan Carlos y la sucesión en Felipe VI, esta es la gran pregunta que se plantea, abriendo un debate aplazado desde la Constitución de 1978 que entra con la fuerza arrolladora de un cambio generacional y del crecimiento de los partidos políticos que se declaran abierta y programáticamente a favor de una república y en contra de la monarquía. Esta por ver si a medio plazo la ingeniería de la sucesión e incluso de la reforma constitucional se imponen democráticamente a la advocación republicana.
En todo caso a corto plazo y como es de prever, será Felipe de Borbón y Grecia en su nueva condición de Rey Felipe VI, quien ostente la más alta representación de España en la Cumbre Iberoamericana de Veracruz del próximo diciembre.
Jordi Bacaria Colom
Director de la Revista Foreign
Affairs Latinoamérica y Director
del Barcelona Centre For
International Affairs