En el Congreso de la Unión no se ponen de acuerdo para combatir el acoso y la violencia escolar. Ayer, mientras un grupo de diputados federales del PRI presentaba una iniciativa que castiga con cárcel a menores que cometan homicidio por un acto de violencia en centros educativos, otro grupo de senadores (del tricolor, PAN y PRD) planteaban medidas preventivas para erradicar estos actos.
En San Lázaro, el grupo parlamentario del PRI propuso que los menores responsables de un homicidio, tras un acto de violencia escolar, sean confinados al Centro Federal de Internamiento entre uno y cinco años.
Además, el proyecto dispone que los padres o tutores del menor infractor estarán obligados a reparar el daño, consistente en la cobertura total de los gastos médicos y psicológicos que se generen para la atención de la víctima.
La iniciativa, suscrita por los diputados federales Alejandro Montaño Guzmán, Manuel Añorve, Octavio Salgado y Leobardo Alcalá, aclara que los responsables, además, deberán cumplir con un periodo de seis meses en la “prestación de servicios a favor de la comunidad inconmutables”.
Pero “en el caso de fallecimiento de la víctima por causas de acoso y violencia escolar, los padres o tutores del menor infractor estarán obligados al pago de los gastos funerarios e indemnización que corresponda”, sostiene el proyecto legislativo.
Para los alcances de esta iniciativa se lleven a cabo, los cuatros legisladores priistas, a nombre de su bancada, proponen modificar la Ley Federal de Justicia para los adolescentes.
…y en la Cámara alta
Senadores de los diferentes grupos parlamentarios presentaron la iniciativa por la que se crea la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, a fin de establecer estrategias integrales encaminadas a combatir el bullying y sancionar estas manifestaciones de violencia.
El proyecto presentado por los senadores Mariana Gómez del Campo (PAN), Mario Delgado Carrillo (PRD) y Omar Fayad Meneses (PRI), impulsa la creación de un Programa Nacional de Prevención de la Violencia Escolar, en la que participarán autoridades, maestros, padres de familia y sociedad civil para emprender acciones que erradiquen el fenómeno del bullying.
A través de esta iniciativa, que fue turnada a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, se promueve una multa de 5 mil días de salario mínimo vigente (más de 300 mil pesos) y la pérdida del REVOE -Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios- para las instituciones educativas que no tomen medidas contra la violencia escolar. También se contemplan sanciones a los padres de familia o tutores que no atiendan las recomendaciones que se les hagan en la escuela.
Las escuelas privadas en las que reiteradamente existan denuncias por casos de bullying, además de las multas correspondientes, podrían quedar sujetas al retiro de su registro ante la Secretaria de Educación Pública.
Al presentar la iniciativa, la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo señaló que entre 60 y 70% de los alumnos de nivel básico han sufrido algún tipo de violencia, lo que significa que de los 25 millones de estudiantes, 18.7 millones han sido víctimas o testigos de acoso escolar. Por ello –dijo- es urgente legislar en la materia.
Por el PRI, el senador Omar Fayad Meneses coincidió en señalar la urgencia con al que se deben emprender medidas orientadas a combatir este fenómeno, por lo que aprovechó para solicitar que se dictamine no solo está, sino las decenas de iniciativas que han sido presentadas en el Congreso.
“Urge dictaminar todas las iniciativas para lograr los consensos necesarios en un tema tan delicado, para finalmente dar una respuesta a esta problemática”, manifestó.
Por su parte la senadora del PRD, Angélica De la Peña, sostuvo que este asunto tiene que verse de manera integral, más allá de criminalizar las manifestaciones de violencia. Precisó que el Congreso tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.