La persona que presuntamente encabezó el secuestro de 11 personas el sábado en la delegación Xochimilco, fue identificado como Rómulo Padilla Morales, originario de Tamaulipas y militar retirado con el grado de capitán.
En conferencia de prensa, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Fernando Ríos Garza, explicó que durante el plagio, los presuntos responsables utilizaron vestimenta de la Policía Federal y de la extinta Agencia Federal de Investigación.
Recordó que la Secretaría de Seguridad Pública arrestó a cuatro de los probables responsables del delito de secuestro y rescató a las 11 víctimas, tres hombres y tres mujeres adultos, así como a cinco menores de edad, entre ellos, cuatro recién nacidos.
Los presuntos responsables detenidos fueron identificados como Rómulo Padilla Morales, líder de la banda; Giorgio Alberto Badillo Rodríguez, Héctor Solórzano Santos y José Alejandro Jiménez Rojas.
Según la averiguación previa, la madrugada del 7 de junio, las víctimas se encontraban en su domicilio, ubicado en las inmediaciones de la delegación Xochimilco, cuando fueron sorprendidos por al menos de 10 sujetos que allanaron su domicilio.
Las víctimas fueron trasladadas al domicilio ubicado en el número 123 de la calle Hilario Pérez de León, donde uniformados de la policía preventiva se percataron que José Alejandro Jiménez estaba mal estacionado, por lo que le solicitaron que se estacionara bien, pero éste les indicó que era custodio de un funcionario.
En ese momento, Rómulo Padilla salió del inmueble y accionó su arma de fuego, al igual que Jiménez Rojas, por lo que los uniformados pidieron refuerzos y se inició un enfrentamiento y persecución que terminó en la azotea del referido inmueble donde fue capturado Alberto Badillo.
De esta forma, el titular de la PGJDF señaló que el Ministerio Público capitalino integra los elementos de prueba para ejercer acción penal contra los presuntos responsables por secuestro agravado, por el que podrían alcanzar una penalidad de 50 a 90 años de cárcel por cada una de las víctimas.
