Martín Díaz Álvarez, uno de los principales accionistas de la empresa Oceanografía, es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) desde antes que se desatara el escándalo por los fraudes cometidos por la empresa propiedad de Amado Yáñez. Se presume que podría ser culpable de lavado de dinero y delincuencia organizada.
24 HORAS publicó en marzo pasado que Díaz Álvarez, junto con los hermanos Javier y Óscar Rodríguez Borgio, están vinculados en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIORPIFAM/74/2013 iniciada en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia de la subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada. (SEIDO).
Dicho expediente se inició por la denuncia de operaciones con recursos obtenidos mediante la comercialización de combustible robado a través de la empresa “Compañía Caja de Ahorros Libertad Servicios Financieros”, de la que Díaz era presidente.
Autoridades federales confirmaron ayer que dicha investigación sigue abierta, de forma paralela a la del fraude de Oceanografía, en donde Díaz también es investigado desde su posición de segundo accionista de la empresa, la cual habría defraudado a Banamex por más de 400 millones de dólares.
Gasolina robada
Díaz cuenta con una orden de localización y detención emitida por el Ministerio Público así como una alerta migratoria.
Fueron declaraciones de un testigo vinculado con un grupo delictivo los que alertaron a la PGR que a través de más de 60 estaciones de gasolina de la empresa Grupo Gasolinero México (GGM), propiedad de los Rodríguez Borgio, se comercializaba gasolina robada por el crimen organizado.
Las pesquisas establecieron preliminarmente que las ganancias obtenidas podrían haber sido desviadas hacia Caja de Ahorros Libertad, en donde Javier Rodríguez Borgio es uno de los principales socios, y responsable de haber colocado a Díaz Álvarez en la presidencia de dicha compañía.
También se presume que parte de los recursos ilegales obtenidos pudieron ser lavados a través de la red de casinos Big Bola, que cuentan con 18 establecimientos.
Otros involucrados
La PGR tiene por lo menos tres órdenes de aprehensión más giradas por el caso Oceanografía en contra de funcionarios de Banamex. Uno de ellos es Erick Cervantes Murillo que fue el empleado de Banamex en Villahermosa responsable directo del trámite de varios créditos irregulares.
Los otros dos funcionarios son Emilio Granja Gout, ex director de Banca Corporativa; Alfonso Ortega Brehm, ex jefe de la Unidad de Servicios de Transacción Global. Además hay siete empleados más del banco que siguen bajo investigación.
Otros socios y directivos de la empresa que están bajo sospecha son: Zaidel Terán Sandoval, así como Pedro Ruiz Gallegos, Martín Jorge Terán, Alberto Duarte Martínez, Gustavo Azcárate, Juan Carlos Hernández, Hermilo Escobedo Obrador, César Augusto Guevara.
De la misma forma son indagados Mario Alberto Ávila Lizárraga, directivo de servicios marinos de Pemex Exploración y Producción (PEP), y que autorizó un gran número de contratos a Oceanografía, entre otros funcionarios de la paraestatal.
Yáñez lo culpa del fraude
Ayer trascendió que Amado Yáñez responsabilizó a Díaz Álvarez de la tramitación de créditos fraudulentos en complicidad con funcionarios de Banamex, y con la contralora de la compañía Zaidel Terán y de un despacho jurídico que incluía a Vicente Corta, ex director de la CONSAR.
Como se publicó en 24 HORAS el 26 de marzo, durante su periodo de arraigo, Amado Yáñez reveló la estructura de socios primordiales de su compañía, entre los que se encontraba Martín Díaz Álvarez como segundo accionista, quienes dijo se hacían cargo de la operación financiera de su compañía.
Ante la luz de esa evidencia la PGR giró una nueva orden de presentación en contra y pidió la asistencia migratoria para que se detectara su posible movimiento ante la posibilidad de que hubiera salido del país, como también se informó en este diario.