MADRID. El Congreso de los Diputados español aprobó por amplia mayoría la ley que permite la abdicación de Juan Carlos I, cuyo hijo Felipe, actual príncipe de Asturias, le sucederá en el trono la semana próxima.

 

 

De manera sorprendente el orden en el que ocurre el proceso sucesorio trastoca el espíritu democrático de la Constitución ya que, primero, el rey Juan Carlos anunció su abdicación, y posteriormente de articuló y aprobó una ley sobre el tema.
Al tratarse de una norma que afecta a la Jefatura del Estado la ley requería una mayoría notable, que fue alcanzada sin mayor problema porque contó con el respaldo de los dos principales partidos españoles: el gobernante PP (centroderecha) y los socialistas del PSOE.

 

 

Los votos de otros diputados liberales y conservadores permitieron que la ley saliera adelante con 299 a favor, por 19 votos en contra procedentes de grupos de izquierda y nacionalistas de izquierda, y 23 abstenciones de los nacionalistas de centroderecha y de un socialista que rompió la disciplina de voto.

 

 

La ley pasa ahora al Senado, que la debatirá y votará el martes 17, tras lo cual se hará efectiva la renuncia de Juan Carlos de Borbón, quien la anunció al país el pasado día 2 y la justificó en que quería dar paso a una nueva generación, personificada en su hijo Felipe, capaz – afirmó – de generar impulso y esperanza.

 

 

En el debate previo a la votación, PP y PSOE coincidieron en que el reinado de Juan Carlos I, que comenzó en noviembre de 1975, ha sido fructífero y ha traído consigo la consolidación de la democracia y las libertades.

 

 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, elogiaron el papel moderador del rey y su labor de arbitraje.

 

 

Rajoy enmarcó en la normalidad constitucional la aprobación de la ley que permite la abdicación y defendió la Monarquía como la forma de Estado que mejor garantiza la continuidad y estabilidad de las instituciones, así como de la convivencia pacífica.

 

 

Pérez Rubalcaba garantizó el apoyo socialista a la ley para la abdicación porque con ello “se cumple la Constitución” y, además se reafirma la fidelidad de su partido al pacto que dio origen a esa norma de 1978.

 

 

La defensa de la monarquía parlamentaria por parte de ambos dirigentes se debe a que varias formaciones de izquierda y nacionalistas habían presentado textos alternativos a favor de un referéndum en el que los españoles decidan si quieren ese modelo o una república.