El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, advirtió sobre los riesgos que conlleva la asignación de tareas de seguridad pública a cuerpos militares, al señalar que tres de cada cuatro recomendaciones emitidas por la CNDH entre 2006 y 2013 por la vulneración del derecho humano a la vida fueron dirigidas a las fuerzas armadas.
Después de presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre su visita de trabajo al país en abril de 2013, Heyns pidió al gobierno mexicano retirar al Ejército de la vigilancia en las calles de todo el país y “empoderar a la policía”, con el fin de reducir el elevado número de homicidios en el país y la impunidad “imperante” en estos crímenes.
“La actuación del Ejército en tareas de seguridad pública representa un riesgo para los ciudadanos porque fomenta violaciones a los derechos humanos. Desde el paradigma militar los crímenes se atacan con la fuerza, mientras que desde la perspectiva civil este recurso debe ser el último y, en todo caso, debe darse de manera gradual”, dijo el relator este jueves.
El informe agrega que durante el sexenio pasado se cometieron 102 mil 696 homicidios intencionales en México, de ellos casi 70% estuvo relacionado con el tráfico de estupefacientes, y solamente entre 1% y 2% de los delitos cometidos en el país en ese periodo tuvieron sentencias condenatorias.
“La impunidad constituye el talón de Aquiles del actual sistema de justicia (…) Establecer la rendición de cuentas a través de la ley es la clave para reducir el alarmante nivel de pérdida de vidas con el que se ha asociado a México”, agrega el informe.
Por ello, Heyns insistió en la necesidad “urgente” de reducir el involucramiento de los militares en tareas de la policía, así como de asegurar que tribunales civiles juzguen a los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones a los derechos humanos.
“La desaparición de los tribunales militares en el país conllevaría a que más de cinco mil investigaciones de violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas por personal del Ejército se transfieran a la justicia civil”, señaló.
Por otra parte, el relator internacional hizo hincapié en la “grave” situación de inseguridad que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en el país. De acuerdo con su informe, 83 comunicadores fueron asesinados desde el año 2000, así como 18 activistas pro garantías en los últimos nueve años.
Heyns concluyó que pese a que existe un mecanismo legal para la protección de defensores de los derechos humanos y comunicadores, éste no funciona: “Los periodistas muchas veces deben autocensurarse para protegerse, por lo que la población está realmente desinformada. Se debe tipificar este delito por la gravedad que implica y las afectaciones que tiene sobre la sociedad”.