Las leyes secundarias de la reforma energética ya están siendo discutidas por las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado, aunque aún sigue pendiente el paquete sobre la explotación de hidrocarburos y el rol que jugará Pemex, ahora en un mercado competido.

Lo que viene en el Congreso es la definición del futuro de Pemex. ¿Cuáles serán realmente los márgenes de acción de la empresa estatal para tomar sus propias decisiones de negocios, o continuará atada -directa e indirectamente- a la burocracia del Estado y a los intereses políticos que defiende?

¿Se tendrá una verdadera empresa petrolera de Estado con las condiciones necesarias y suficientes, ya no sólo para revertir su situación de deterioro a la que se enfrenta desde hace varias décadas, sino para competir exitosamente en un mercado abierto?

¿Realmente se desmontará la politización de la gestión de la empresa que históricamente sumió a la petrolera en su actual estado decadente?

Esas son las preguntas que deberán responder nítidamente los legisladores en las leyes secundarias por aprobarse. Si las respuestas son ambiguas, Pemex caminará hacia su propia ruina confirmando una de las hipótesis de los críticos de la reforma energética.

De allí la urgencia y necesidad de replantear el modelo corporativo que rige a la petrolera del Estado. Ya en 2009 Severo López-Mestre Arana daba algunas respuestas interesantes en su libro “Regulación Energética Contemporánea’.

Allí López-Mestre plantea una reorganización corporativa completa por la sencilla razón de que la reforma -de 2008- “no atendió un punto fundamental de la problemática actual de Pemex: la politización de la gestión de la empresa. Esto implica que la nueva estructura que la reforma planteó, profundizó los problemas organizacionales y de gestión que Pemex ya padecía. La reforma no atendió el grave problema de incentivos múltiples y contrapuestos que se presentan cuando la política se institucionaliza, en cualquier empresa, incluyendo una empresa petrolera”.

La desgracia permanente de Pemex ha sido ser visto como objeto permanente y disponible para la codicia política. De allí su trato de “secretaría de Estado”, de “órgano del Congreso” y no de empresa del Estado. Un trato que ahora -con las leyes secundarias- corre el riesgo de

perpetuarse bajo figuras de control y de supervisión en áreas estratégicas que se están disputando al interior del PRI.

Este tratamiento es el que abre las compuertas de su propio infierno: Su incapacidad para establecer alianzas estratégicas, su modelo de organización empresarial dominado por la politización, el exceso de órganos de revisión y de “apoyo” que la ahogan y una estructura institucional con incentivos contrapuestos.

López-Mestre sugiere atinadamente revisar los modelos de gestión de empresas estatales al estilo de la brasileña Embraer o de la china Sinopec que, sin perder su esencia de empresas estratégicas del Estado, han construido modelos de gestión ágiles y competitivos orientados a resultados y alejadas de las típicas decisiones políticas que dominan a las empresas estatales. Una sugerencia que los legisladores deberían revisar.

El hecho es que de no seguir un esquema parecido, que construya una estructura empresarial orientada a resultados, los días de Pemex estarán contados. Allí, en la definición del control de Pemex, está la esencia y la medida de las leyes secundarias que aprobarán los legisladores y, claro, el futuro de la petrolera estatal.