Por lo menos nueve socios y directivos de Oceanografía, la empresa de Amado Yáñez que en colusión con funcionarios de Banamex obtuvo créditos fraudulentos, se encuentran bajo investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo, hasta ahora ninguno ha sido acusado ante un juez.
Uno de esos socios es Martín Díaz Álvarez, a quien Yáñez responsabilizó directamente de la autoría de los fraudes cometidos. Díaz además es indagado desde el año pasado por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Autoridades de la PGR indicaron que si bien estas personas, entre otras, figuran en la averiguación previa, el Ministerio Público aún no cuenta con las evidencias suficientes para proceder en su contra y solicitar a un juez las órdenes de aprehensión.
“Las declaraciones con los señalamientos existen pero aún faltan evidencias que verifiquen esos dichos. Incluso hay algunas inconsistencias que el Ministerio Público tiene que verificar antes”, añadió un funcionario ministerial que pidió reserva con su identidad.

 

Prófugos

Cabe señalar que hasta ahora, los únicos acusados son Yáñez, quien enfrenta su proceso en libertad, y tres trabajadores de Banamex que están prófugos de la justicia: Erick Cervantes Murillo, ejecutivo del banco en Villahermosa y que materialmente hizo el papeleo para los créditos, así como Emilio Granja Cout y Alfonso Ortega Brehem, directivos que habrían autorizado la línea de crédito irregular.
Como este diario publicó en semanas pasadas, entre los nueve socios investigados se encuentran Díaz Álvarez y la ex contralora de Oceanografía Zaidel Terán Sandoval. Las otras personas que están bajo la lupa y que pertenecen al cuerpo directivo de la empresa, son Pedro Ruiz Gallegos, Martín Jorge Terán, Alberto Duarte Martínez, Gustavo Azcárate, Juan Carlos Hernández, Hermilo Escobedo Obrador y César Augusto Guevara.
En sus declaraciones ante la PGR, Yáñez sostuvo que los créditos obtenidos de forma ilegal fueron operados por sus subalternos en la empresa, sin que él supuestamente tuvieran conocimiento.
Sin embargo, hasta ahora la PGR no ha reunido las pruebas suficientes para proceder en contra de alguno de ellos ante un juez.