La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la instancia que resuelva sobre la validez de las coaliciones electorales y no un acuerdo político, consideró la fracción del PRD en la Cámara de Diputados.
Su coordinador, Silvano Aureoles, dio a conocer que los ministros de la SCJN tendrán la última palabra sobre los alcances de la reforma al artículo 87 de la Ley General de Partidos, que quedó inconclusa el jueves pasado al cerrar el periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República sin haberse discutido estas modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados.
Mediante un comunicado de prensa, recordó que este sábado legisladores federales presentaron una acción de inconstitucionalidad signada por los partidos del PRI, PRD, MC, PT, Panal y PVEM.
Aureoles dijo que en la democracia hay derecho para que las minorías se conviertan en mayorías. Por ello no tendrá peso lo que que la fracción del PAN, consideró, quiso hacer al intentar limitarlas y ponerles un candado que viola este principio.
Señaló que de quedar como está la citada ley, se contradice el espíritu y alcance del texto constitucional, que contempla “el derecho a la igualdad y a la libertad de asociación, así como principios generales de carácter político-constitucional, como la representación proporcional efectiva y conformación democrática auténtica de los órganos de representación ciudadana”.
Calificó como lamentable que por un acuerdo político en el Senado de la República se pasara por encima de la Constitución y se enviara a la congeladora una reforma que establecerá un mecanismo para distribuir equitativamente los votos obtenidos por las coaliciones electorales entre las fuerzas integrantes, en caso de que los ciudadanos marquen dos o más emblemas de los partidos aliados.
Aseguró que de no avalarse los cambios constitucionales, se aplicaría la ley como está actualmente vigente, que establece la hipótesis de que los votos cuentan para los candidatos, pero no para las instituciones políticas, a pesar de que en la boleta electoral se marquen dos emblemas de la coalición.
“La libertad de asociación en materia política constituye un derecho público fundamental indispensable en todo régimen democrático, pues propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno y el control de su actuación”, concluyó.