Organizaciones de la sociedad civil urgieron al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, vetar la eventual promulgación de la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, porque “abre la puerta” a la pederastia.
Dicha ley amplía las oportunidades de los tratantes de personas en el campo de la prostitución infantil y promueve el acceso a la píldora de emergencia entre niñas, desde los 12 años, aseguraron siete organizaciones en un comunicado conjunto.
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), Red Familia, El Consejo Mexicano de la Familia (ConFamilia), Voz Pública, Pasos por la Vida, Informando y Unión de Voluntades, expusieron que se debate esa ley “haciendo nulo el derecho de la sociedad civil de informarse y emitir su pronunciamiento” al respecto.
Además, consideraron que esa ley, aprobada en comisiones el 8 de junio pasado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), deja a los menores en estado de vulnerabilidad frente a problemas como trata, prostitución, explotación laboral, narcotráfico y violencia de género.
A su juicio, incluso propicia “que se conviertan en presas fáciles de la delincuencia organizada, pues fractura la comunicación que debe existir en la familia de la que son parte”.
Recordaron que México se encuentra entre los primeros lugares a nivel mundial en abuso sexual infantil, y en difusión de pornografía infantil por Internet, donde 85 mil niños son explotados.
También se ubica en los primeros sitios como exportador de víctimas de trata de personas, con cerca de 30 mil menores entre 10 y 14 años; en tanto, 50 por ciento de los niños de la calle han sido violados en el Distrito Federal.
Ante ello, exigieron a Mancera que en uso de sus facultades constitucionales y legales, ejerza su derecho de veto para evitar la promulgación de esa iniciativa, que vulnera los derechos de los menores y sus padres.
Refirieron que la iniciativa establece como destinatario de la norma a menores de edad de entre 12 y 17 años 11 meses, lo que tiene graves implicaciones en el ámbito de educación, de salud –sexual y reproductiva–, y laboral.
De igual forma, permite que las niñas de 12 años, en su derecho, puedan acceder a la asesoría en materia sexual en los Centros de Salud -sin autorización de los padres-, incluyendo la abortiva y sobre anticoncepción de emergencia.
También, que los menores sean apoyados y orientados por el gobierno para que cuenten con servicios médicos y jurídicos que les permitan construir su identidad sexo-genérica, por lo que podrán “cambiarse de sexo” si así lo deciden, sin informar a sus padres o tutores.
La Ley otorga una idea falsa de libertad, y pretende nulificar el ejercicio de la patria potestad de los padres y madres de familia, así como también a los tutores sobre las decisiones de sus hijos, puntualizaron.
La directora de la CMDH, Teresita Gutiérrez, dijo que “están pasando por encima” de tratados internacionales, la Constitución, el Código Civil Federal, el Código Civil para el Distrito Federal y Ley Federal del Trabajo, para “disponer de manera perversa de la voluntad de los menores”.