WASHINGTON. Estados Unidos dijo el lunes que abrirá procesos de deportación a menores centroamericanos que han llegado sin documentos a la frontera durante los últimos ochos meses, incluso aquellos cuyos parientes gozan de un estatus migratorio temporal.

 

EL gobierno norteamericano ha dicho que iniciará procesos de deportación para todos los inmigrantes no autorizados, procedentes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. Los procesados podrán presentar alegatos antes de que un juez migratorio dicte sentencia, un proceso que suele demorar varios años.

 

Según la Policía de Aduanas y Frontera, en el periodo han ingresado sin autorización unos 35 mil menores.

 

Esther Olavarría, consejera en la Secretaría de Seguridad Nacional, dijo a periodistas que los beneficiarios del programa que otorga residencial temporal (TPS, por sus siglas en inglés) deben encontrarse en territorio estadounidense cuando las autoridades anuncian su concesión.

 

Cerca de 220 mil salvadoreños y 66 mil hondureños gozan de TPS desde 2001 y 1999, respectivamente. Guatemala lleva años solicitándolo, sin obtenerlo.

 

El gobierno estadunidense otorga este estatus migratorio, que incluye una autorización para trabajar legalmente, a ciudadanos de países que sufrieron desastres naturales.

 

Entretanto, el congresista demócrata por Nueva York, Hakeem Jeffries, presentó el lunes una iniciativa de ley que busca brindar asesoría legal a los menores cuando comparezcan ante un juez migratorio.

 

“Es virtualmente imposible argumentar por un beneficio migratorio ya existente en la ley, cuando no se cuenta con representación legal”, dijo Jeffries en conferencia de prensa.

 

Jeffries dijo desconocer cuánto costaría el brindar representación legal a los 90.000 menores que el gobierno estadounidense calcula que llegarán a la frontera sin papeles durante el año fiscal en curso que terminará en septiembre.

 

Las leyes migratorias estadounidenses no les brindan asesoría legal de manera automática.

 

El presidente de la comisión judicial de la cámara baja, el republicano por Virginia Bob Goodlatte, dijo el lunes que el éxodo de menores centroamericanos hacia Estados Unidos “no muestra indicios de detenerse y podría agravarse si el presidente (Barack) Obama desmantela aún más nuestras leyes migratorias en agosto”.

 

El mandatario dijo que modificará la política de deportaciones vía administrativa si la cámara baja no aprueba una reforma migratoria antes del receso veraniego que empieza el 1 de agosto.

 

El Congreso mantiene en el limbo a la reforma migratoria ya que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se ha negado a debatir el proyecto aprobado hace 12 meses por el Senado, de mayoría demócrata, que contempla la posibilidad de que parte de los 11 millones de inmigrantes sin autorización opten a la naturalización.

 

Ante la falta de progreso en el Congreso, inmigrantes y activistas han aumentado su presión para que la Casa Blanca suspenda más deportaciones vía administrativa, alegando que golpean de manera desproporcionada a familias hispanas.

 

Se estima que al menos dos millones de personas han sido deportadas desde que Obama asumió el poder en 2009.