MADRID. El periódico EL Mundo adelantó lo que posiblemente ocurrirá mañana: imputación judicial contra la Infanta Cristina por haber cometido posible blanqueo de capitales y, además, haber cooperado en la ejecución de delitos fiscales. Así lo determinará el juez José Castro.
Estos dos delitos representan penas de hasta 11 años de cárcel: seis el de blanqueo de capitales y cinco el de cooperación en un delito contra la Hacienda Pública. El hermetismo del magistrado es total pero la orientación de su auto está clara para la Fiscalía, que ya prepara un recurso al entender por enésima vez que la hermana del rey es inocente.
La resolución podría retrasarse si, como se comenta en ámbitos jurídicos, Iñaki Urdangarin pide declarar para autoinculparse y exonerar a su mujer.
Lo más probable es que el instructor haga público el auto pasado mañana. Y no por esperada, la gran sorpresa será la determinación del magistrado de sentar en el banquillo a Cristina. Tal y como hiciera en el auto de imputación, José Castro le acusará de blanqueo de capitales al haber dispuesto y gastado el dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon, que comparte al 50% con Iñaki Urdangarin.
Eso sí, esta ocasión no le acusará de delito fiscal propiamente dicho, como hizo el 7 de enero, sino de cooperación en los dos presuntamente cometidos por su marido en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Física (IRPF) de los ejercicios 2007 y 2008, 182 mil euros defraudados en el primero y 155 mil durante el segundo.
La Fiscalía Anticorrupción da por hecho que el auto sentará en el banquillo a la duquesa de Palma por estos dos delitos. Tan es así que tiene preparado ya el recurso para presentarlo en los cinco días hábiles de plazo que otorgará el instructor a las partes para que apostillen lo que crean conveniente de decretar la apertura de juicio oral.
José Castro sigue de esta manera la senda que le trazó la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en la polémica resolución del 7 de mayo del año pasado. EN ella, además de desimputar a la Infanta dando lugar a la denominada doctrina Borbón, se le conminó a investigar si la hermana del rey había incurrido en un delito fiscal y en otro blanqueo de capitales.
Las consecuencias del “caso Noos” constituyen uno de los primeros problemas a los que deberá hacer frente el nuevo monarca, Felipe VI, tras su proclamación el 19 de junio.
En respuesta al escándalo, Felipe VI había prometido, en el discurso con motivo de su jura ante el Parlamento, una “monarquía íntegra, honesta y transparente”.
El juez José Castro, de la Audiencia de Palma de Mallorca, en las mediterráneas Islas Baleares, hará público este miércoles el auto en el que presentará la lista de personas que permanecen imputadas y propone que sean juzgadas, anunció este lunes el tribunal.
La decisión no corresponde sin embargo al juez instructor, sino que será tomada por el tribunal provincial, una instancia superior, una vez examinados los diferentes recursos.
La fiscalía anticorrupción se había opuesto en su momento a la imputación de Cristina por el juez Castro, ante quien declaró el 8 de febrero sospechosa de delito fiscal y blanqueo de dinero.
Cristina era vocal en la junta de Noos, además de ser propietaria al 50% con Urdangarin de la empresa Aizoon, que el juez sospecha fue utilizada como pantalla para blanquear el dinero malversado.
En su declaración ante el magistrado, Cristina, que apareció serena y sonriente ante la prensa, afirmó no tener “nada que ver” con los negocios de su marido y haber participado en Noos y Aizoon porque Urdangarin se lo pidió y ella “confiaba” en él.
Con la abdicación del rey Juan Carlos y la proclamación de su hijo como Felipe VI, Cristina, al igual que su hermana mayor Elena, salió automáticamente del círculo restringido de la familia real.