MADRID. La Fiscalía Anticorrupción apeló la decisión del juez que imputó a la infanta Cristina por delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal, en un último intento por frenar el proceso contra la hermana del rey Felipe VI, que amenaza su flamante reinado.
En su recurso, el fiscal del caso, Pedro Horrach, cuestiona una vez más la imparcialidad del juez de instrucción José Castro, al que acusa de tratar de forma injusta e inquisitoria a la hermana del rey Felipe VI.
Según Horrach, el juez ejecutó una “instrucción inversa, presidida por un credo y no por la sana guía de la duda” y asumió “el rol de la parte acusadora”, perdiendo su función constitucional.
El procurador subrayó que el magistrado “se basó en meras conjeturas” para incriminar a la infanta y se dejó influenciar por “juicios paralelos” que alimentan los medios de comunicación.
Después de casi cuatro años de investigación, Castro resolvió mantener la imputación de la infanta Cristina al concluir que intervino activamente y lucró con las actividades ilegales de su marido, el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, principal implicado en el caso de corrupción del Instituto Nóos.
A través de esa fundación deportiva, Urdangarín y su ex socio Diego Torres se apropiaron indebidamente de unos seis millones de euros de fondos públicos, parte de los cuales fueron a parar a Aizoon, la empresa que el Duque y la infanta comparten al 50%.
El magistrado procesó a la infanta Cristina por blanqueo de capitales al considerar que “intervino activamente en el vaciamiento de los fondos de Aizoon”.
Además, la acusa de haber cooperado de forma “silenciosa” con dos delitos de evasión fiscal cometidos por Urdangarín en 2007 y 2008.
Cuando estalló el escándalo del Instituto Nóos, en 2011, la Casa del Rey -como se denomina a la institución- diseñó una estrategia de aislamiento para proteger a la Corona y al propio Juan Carlos I. Lo primero que se hizo fue apartar a Urdangarín y a la infanta Cristina de los actos oficiales.
La política adoptada por la corona terminó fracasando tanto por la determinación de la hija del monarca de permanecer unida a su marido, como por el curso de la investigación, ya que el juez Castro obtuvo pruebas que implicaban a la infanta.
El fiscal, quien se opuso a la imputación de la infanta desde el inicio del caso y en un recurso previo ya acusó al magistrado de “conspirar” contra la hermana del actual monarca, insiste en que no hay indicios de criminalidad.
En su escrito, el procurador solicita la suspensión del proceso durante 20 días hasta que se resuelva su recurso de apelación, que puede evitar que la infanta se convierta en la primera integrante del núcleo de la familia real española que se se sienta en el banquillo de los acusados por un caso de corrupción.