Legisladores con vínculos en el sector de las telecomunicaciones ocupan posiciones clave en la discusión de las leyes secundarias en la materia, que se discuten actualmente en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados.
Luego de que fuera exhibida una grabación telefónica en la que la diputada Purificación Carpinteyro revela sus planes de negocio en el sector, lo que provocó que se retirara de la discusión en la materia, acusada de conflicto de interés, otros legisladores también han sido señalados por sus nexos con empresas ligadas a las telecomunicaciones.
Otros, aunque no están directamente relacionados con las comisiones legislativas de la materia, han sido acusados de formar parte de la telebancada, un grupo vinculado a las principales televisoras del país.
Cámara baja
En los grupos de trabajo de San Lázaro en materia de Comunicaciones, así como de Radio y Televisión, existen por lo menos nueve legisladores que poseen nexos con empresas dedicadas a la radio comercial en diferentes entidades del país.
Federico González Luna, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien preside la Comisión de Radio y Televisión, fungía como asesor jurídico en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) antes de ser diputado federal
Además, su ficha curricular resalta que es accionista, desde 2005, de las empresas Redes de Telecomunicaciones de Morelos; Sistema de Televisión Restringida, Entretenimiento y Telecomunicaciones; y Pantitlán Telecomunicaciones, todas relacionadas a servicios de televisión restringida y comunicaciones alámbricas.
El legislador oriundo de Veracruz, presume, en el documento consultado por 24 HORAS, que a partir de 2001 es socio del despacho legal “Deschamps y Asociados” mismo que “provee asesoría y representación especializada en Derecho de las Telecomunicaciones, Radiodifusión y Tecnologías de la Información que permiten atender las necesidades estratégicas, legales, regulatorias y de negocio de sus clientes”.
La baja californiana Ana Lilia Garza, también de la fracción del PVEM, es secretaria de la Comisión de Radio y Televisión, pero en el sector privado desarrolló sus actividades profesionales como subdirectora Jurídica de la CIRT.
Por el PRI, también como secretario de la comisión de Radio y televisión, participa Adolfo Bonilla, quien en Zacatecas ha sido director de la empresa Canal Satelital Conoce México y es conductor en las estaciones de radio B-15, cuyo concesionario, José Bonilla, es su padre.
Impulsado por la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aparece el nombre de Patricio Flores Sandoval; quien presume que, antes que legislador, fungió como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (Sitatyr).
Cámara alta
En el Senado de la República, Ninfa Salinas Sada, Javier Lozano Alarcón, Gerardo Flores Ramírez, Arely Gómez González y Armando Melgar Bravo son algunos de los legisladores vinculados a empresas del sector.
En primer lugar, Javier Lozano Alarcón, senador del PAN y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, ha sido acusado en repetidas ocasiones de estar vinculado a los grandes consorcios del sector.
En el pasado, sus compañeros de izquierda intentaron, sin éxito, separarlo de la comisión luego de acusarlo de, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y también como presidente de la Cofetel, favorecer a su ex jefe en la SHCP, Francisco Gil Díaz, para beneficiar a la empresa Telefónica en México, de la que Gil Díaz es titular actualmente.
Por su parte, Arely Gómez González, senadora del PRI y presidenta del comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, es hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Ella se ha excusado anteriormente de participar en una comisión relacionada con el tema.
Luis Armando Melgar Bravo es senador por el PVEM; en 2006 asumió el cargo de director general de Proyecto 40 de la televisora del Ajusco y en 2011 fue nombrado presidente de la Fundación Azteca en Chiapas.
Finalmente, la senadora del PVEM, Ninfa Salinas Sada -hija de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca-, es miembro del Consejo de Administración del Grupo Salinas desde 2006.
En la congeladora, iniciativas contra conflicto de interés
La legisladora Purificación Carpinteyro pudo haber recibido una sanción del Congreso de la Unión, luego que se divulgó una grabación telefónica donde comparte sus planes de negocio a partir de un posible beneficio de la reforma secundaria de telecomunicaciones, sin embargo, la iniciativa que plantea las sanciones por conflicto de interés aún se encuentra en la congeladora legislativa.
El tráfico de influencias y conflicto de interés de diputados federales, locales y senadores ha sido planteado en dos dictámenes que, desde 2007 los integrantes de las comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, así como de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados mantienen suspendida.
Las minutas fueron turnadas el martes 17 de abril de aquel año por el Senado de la República a la Cámara de Diputados, de las que ésta dio cuenta en la sesión plenaria del jueves 19 de abril de 2007, sin embargo, hasta la fecha no han prosperado.
Ambas plantean “regular el régimen de incompatibilidad y conflicto de interés en la función legislativa, estableciendo los casos o conductas (en los que haya) impedimentos y la existencia de responsabilidades”, además de “incorporar criterios de incompatibilidad en el ejercicio del cargo de legislador federal, así como (que) otros legisladores deberán observar (bajo) los principios de honradez y transparencia en el ejercicio de su encargo”.
Los dictámenes aprobados en la entonces LX Legislatura, que pretendían frenar y sancionar el tráfico de influencias, fueron congelados por 44 diputados federales del PAN, PRD, PRI, Convergencia, PT, Alternativa, Panal y PVEM.