Preocupado por la prosperidad y la mejor calidad de vida de las familias mexicanas, desde hace varios meses el gobierno federal promueve la “inclusión financiera”, que no es otra cosa que el acceso a los servicios financieros de toda la población, lo que facilitará, según la versión oficial, reducir la pobreza e impulsar el crecimiento económico. ¿Cómo por arte de magia? Preguntan los incrédulos.
El asunto no es para pitorrearse, apuntan quienes tienen a su cargo este importante programa. La explicación “científica-financiera”, es que las familias que cuentan con acceso al sistema bancario pueden ahorrar y obtener créditos, así como seguros que les permitan proteger su patrimonio, hacer frente a contingencias o asegurar una mejor calidad de vida durante la vejez. Más aún, a través del sistema financiero los ahorros de las “families” se pueden transformar en créditos para apoyar proyectos productivos en las empresas que generen crecimiento económico y mayor creación de empleos.
Y exponen el panorama actual: Actualmente cerca del 20% de la población adulta no utiliza ningún servicio financiero formal o informal; casi la mitad de estas personas radica en zonas rurales y en su mayoría son mujeres. Asimismo, el 60% de la población adulta utiliza servicios financieros informales como las tandas o préstamos de fuentes no formales. Desafortunadamente, esto implica un riesgo en el patrimonio de las personas al quedar expuestas a fraudes u obligadas a pagar tasas de interés de hasta 200% anual. (Bueno, algunas instituciones bancarias legalmente establecidas cobran el 100% y nadie les dice nada, acota el columnista).
Existe, según los funcionarios del gobierno, una “estrategia nacional de inclusión financiera” en México y un consejo con el mismo nombre que tiene como objetivo diseñar e instrumentar una política, también del mismo nombre (¿cuánta creatividad, no?) para lograr que todos los mexicanos, sin distinción de género, raza, ubicación geográfica o condición socioeconómica sean partícipes de los beneficios que genera el sistema financiero. ¿Cuáles? Preguntan los escépticos. ¡Pues los que mencionamos líneas arriba! O sea, que a través de los productos que ofrecen los bancos comerciales todos los mexicanos puedan acceder a servicios financieros: ahorro, crédito y seguros, independientemente de su nivel de ingresos, ubicación geográfica y género.
En pocas palabras, la inclusión financiera significa equidad social, insisten los promotores. ¡Aunque usted no lo crea!
Lo paradójico de la “inclusión financiera” es que millones de mexicanos -hay quienes dicen que más de la mitad de la población- “no tienen ni en qué caerse muertos”, y los que llegan a tener algún dinerito extra, lo utilizan para comer. Quien lo dude, que siga leyendo.
Bajo el tema de La Seguridad Alimentaria en México, la doctora en Ciencias Biológicas, Nuria Urquía-Fernández, realizó una investigación donde apunta, entre otras cosas, lo siguiente: “Las crisis financiera (de 2008-2009) y alimentaria mostraron efectos inmediatos en la disminución de los ingresos de la población y en consecuencia el aumento de sus niveles de inseguridad alimentaria… En 2010, el 22.2% de los hogares tuvo que disminuir la cantidad y calidad de alimentos que suele consumir e inclusive llegó a experimentar hambre debido a la falta de dinero u otros recursos… En ese mismo año se registró que casi ocho de cada 10 carentes por acceso a la alimentación no tienen seguridad social; uno de cada tres no tiene acceso a servicios de salud y alrededor de tres de cada 10 habita en viviendas de mala calidad… los programas de ayuda alimentaria benefician sólo a cuatro de cada 10 hogares carentes de acceso a la alimentación…”
El “trilema”, como dice un observador, es: Ahorrar, comer, aunque sea una vez al día, o morirse. Hay que irse a la segura, sugiere el columnista.
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