En el marco de la discusión de las leyes reglamentarias de la reforma en telecomunicaciones que se discuten en el Congreso de la Unión, el legislador Juan Pablo Adame urgió a no dejar de lado el tema de las denominadas radios comunitarias, símbolo de comunidades indígenas en nuestro país.

 

“Queremos que las estaciones radiodifusoras sociales cuenten con un régimen jurídico que le brinde certeza a su operación y que las lleve a cumplir con los objetivos por los cuales se reconocieron dentro de la Constitución”, explicó.

 

Aseguró que las permisionarias “deben hacer buen uso del régimen especial o preferente que la ley les conferirá, que consiste en no obligarlas a obtener su espectro por medio de licitación y exentarlas del pago de contraprestaciones al gobierno federal.

 

Aseguró que para evitar el mal uso de estos espacios, se deben establecer obligaciones de transparencia y rendición de cuentas “para que todos conozcamos sus fuentes de ingreso y el destino de sus recursos, a la vez que se limite su financiamiento a patrocinios y donaciones”.

 

“Queremos garantizar que se deje fuera la comercialización de espacios en cualquiera de sus modalidades, pues ello representaría una actividad con fin de lucro, contraria a su naturaleza”, explicó el también vocero de la fracción panista en la Cámara de Diputados.

 

Expresó que la propuesta de dictamen que se acordó para su discusión en comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio y Televisión; y Estudios Legislativos del Senado de la República, requiere de ajustes en este rubro, en especial en lo relativo a la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información.

 

“Se trata de evitar que bajo el pretexto de una justificada preocupación por la seguridad, la ley vulnere las libertades de los ciudadanos”, agregó.

 

El legislador por Morelos añadió que el reto es evitar que estas radiodifusoras sociales operen como negocios privados, o que se conviertan en medios para la promoción de personas, partidos o gobiernos, y por ello se les debe sujetar a prácticas contables, de financiamiento y transparencia similares a las que tienen las organizaciones no gubernamentales más serias.

 

Apenas ayer los integrantes de albiazul de ambas Cámara del Congreso acordaron que su voto al interior de esta discusión se emitirá de manera “libre” y responsable de cada unos de los legisladores.