NUEVA DELHI. La India convocó a un diplomático de EU en Nueva Delhi para protestar por las supuestas escuchas de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) a la formación gubernamental Bharatiya Janata Party (BJP).

 

 

Un tribunal de EU permitió que la NSA espiase al BJP en 2010, que estaba entonces en la oposición y que hoy gobierna el gigante asiático, según documentos filtrados por el exanalista de la CIA Edward Snowden y divulgados por el diario The Washington Post.

 

 

“Queremos garantías de que no volverá a ocurrir de nuevo”, dijo una fuente anónima del Ministerio de Exteriores indio al canal de televisión NDTV.

 

 

Estados Unidos no cuenta en estos momentos con un embajador en la India, tras las la dimisión de la embajadora Nancy Powell en marzo.

 

 

Se trata de la tercera ocasión en la que la India protesta ante Washington por supuestas escuchas, después de que en julio y noviembre del año pasado se revelase que la NSA había espiado a compañías y personas del país asiático.

 

 

Además del BJP, la NSA recibió permiso judicial para investigar a cinco organizaciones políticas extranjeras más, entre ellas el Partido Popular de Pakistán, ahora en la oposición, y los Hermanos Musulmanes de Egipto, de acuerdo con The Washington Post.

 

 

Ayer, la Junta de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles cuyos miembros fueron designados por el presidente Barack Obama, determinaron en un largo informe que la recolección de datos de internet de la agencia dentro de Estados Unidos es aceptable constitucionalmente y emplea salvaguardas “razonables” para proteger los derechos de los estadunidenses.

 
David Medine, ex abogado del gobierno especializado en cuestiones de privacidad que dirige la junta, dijo que la vigilancia en línea de la agencia ha sido “valiosa y eficiente para proteger la seguridad nacional y producir información sobre inteligencia extranjera”.
Activistas defensores de la privacidad y las libertades civiles manifestaron decepción con las conclusiones de la junta.

 
“Este es un informe débil que no abarca plenamente las implicaciones para las libertades civiles y los derechos humanos de permitir al gobierno un acceso amplio a las comunicaciones de personas inocentes”, se lamentó Jameel Jaffer, subdirector legal de la Unión Americana de Libertades Civiles.

 
El informe contrasta con la anterior acción de la junta, cuando sostuvo en enero que la recolección por parte de la agencia de registros de llamadas nacionales “carece de fundamento legal viable” y debería terminarse.