La Presidencia de la República continúa con el objetivo de echar abajo las legislaciones en materia educativa en ocho entidades, para lo cual, los procesos de controversias constitucionales siguen su curso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confirmó a 24 HORAS la Oficina del Vocero del gobierno de la República, cuyo titular es Eduardo Sánchez.
La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo continúa al frente de las demandas, el proceso todavía sigue abierto en la Corte y se espera que los magistrados fallen a favor de que la reforma educativa se aplique en la totalidad de sus términos en las 31 entidades y el Distrito Federal.
Un informe, entregado a 24 HORAS por la Oficina del Vocero de Presidencia, señala que son ocho estados donde las normas van en contra de la reforma educativa, por lo cual, la Federación buscará tumbarlas en sus totalidad y declarar la invalidez de las leyes en la materia a través de controversias constitucionales.
Desde el 15 de abril, la Presidencia inició demandas contra los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora; además, el dos de mayo interpuso otras controversias contra Baja California, Zacatecas y Baja California Sur, y el 20 de mayo contra Morelos.
De las ocho entidades que fueron demandadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, dos son gobernadas por el PRI: Michoacán, que en el momento de las controversias era dirigida por Fausto Vallejo y ahora por Salvador Jara; y Zacatecas, cuyo gobernador es Miguel Alonso Reyes.
Morelos es gobernada por Graco Ramírez y Oaxaca por Gabino Cué, ambos emanados de la izquierda; mientras que Chiapas es dirigida por Manuel Velasco del Partido Verde; Baja California es gobernada por Francisco Vega y Baja California Sur por Marcos Alberto Covarrubias, ambos panistas.
La mayoría de estados demandados tienen presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Los objetivos
De acuerdo con la Presidencia, el propósito de las demandas es “lograr que se declare la invalidez de las normas locales por considerarlas inconstitucionales, con ello, garantizar la congruencia de los marcos jurídicos locales con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias en materia educativa y brindar una educación de calidad”.
El mandatario Enrique Peña Nieto, explica la vocería, decidió emprender una demanda contra los poderes ejecutivos de ocho estados porque sus “legislaciones locales contravienen las disposiciones de la Carta Magna y de las leyes reglamentarias correspondientes; invaden la esfera de competencias de los poderes federales o hay una omisión total de lo establecido.
La Ley General de Educación fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 2013, en ésta, se otorgaba un plazo de seis meses a las entidades para adecuar su legislación a las nuevas normas, entre las que se incluyen exámenes periódicos a los maestros para permanecer o escalar en el sistema docente.