PARÍS.  Nicolas Sarkozy sacó la artillería oxidada del cajón. Luego de haber permanecido detenido 15 horas e imputado por “corrupción activa” en uno de los varios casos que le afectan, , logró ayer una pequeña victoria judicial cuando el Tribunal de Apelación de París le dio la razón en una demanda por unas grabaciones que realizó, a traición, uno de sus antiguos consejeros.

 

La corte confirmó la sentencia dictada en primera instancia en marzo pasado, en procedimiento de urgencia, y que obligaba a su exconsejero Patrick Buisson a indemnizar al ex presidente francés a su esposa, Carla Bruni, con 10 mil euros.

 

El dictamen ratifica también que la publicación “Atlantico” retire el contenido de esas grabaciones de su página web, un extracto poco comprometedor de conversaciones privadas de Sarkozy su entorno registradas sin permiso y en secreto.

 

El Tribunal de Apelación confirmó que “Atlantico” había borrado ya esas grabaciones de su página web y condenó también al semanario satírico “Le Canard Enchainé” a otros 10 mil euros de multa y a publicar la sentencia, pues reprodujo gran parte de aquellas conversaciones.

 

La web había recurrido la primera sentencia por entender que se respetó el derecho a la privacidad de la pareja Sarkozy-Bruni, al publicar solo una decena de minutos de las horas de grabaciones disponibles y excluir fragmentos de carácter personal.

 

Se apoyó también en el derecho a la información, pues entiende que esos extractos ilustran el sistema de grabaciones de Buisson, un asesor cercano a Sarkozy, experto en sondeos de opinión pública y con un pasado de extrema derecha que traicionó la confianza del político al que aconsejaba.

 

Buisson asegura que realizó esas grabaciones por no tomar notas en las reuniones en las que participaba, aunque no informaba a los presentes de que sus palabras quedaban registradas en un dictáfono oculto, y sostiene que no fue él quien las filtró.

 

La de ayer supone una pequeña victoria judicial para el expresidente, inmerso en varias instrucciones e imputado ayer por corrupción activa en una investigación sobre supuesto tráfico de influencias.

 

Ese caso, por el que tuvo que declarar ante la policía durante quince horas para terminar imputado, podría suponerle una pena máxima de hasta diez años de cárcel y se refiere también a unas escuchas, aunque ordenadas por los jueces instructores.

 

Se trata de una serie de intervenciones de sus teléfonos por parte de los jueces que estudian una posible financiación de su campaña de 2007 con dinero negro del derrocado líder libio Muamar el Gadafi.

 

Los investigadores descubrieron que Sarkozy y su abogado -también imputado- presuntamente intercambiaban favores con altos magistrados a cambio de que les filtrasen información sobre los avances en las instrucciones que amenazan al ex presidente.