SAN JOSE. Funcionarios de las Naciones Unidas están presionando para que muchos de los centroamericanos que huían a Estados Unidos les brinden el estatus de refugiados desplazados por el conflicto armado, una designación que podría aumentar la presión para que Washington acepte a miles de personas que no cumplen los requisitos para que se les otorgue el beneficio del asilo.

 

 

Miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dicen que esperan lograr un acuerdo regional mañana, cuando funcionarios de inmigración y de los ministerios del interior de Estados Unidos, México y Centroamérica se reúnan en Nicaragua.

 
El grupo debatirá si van a modificar una resolución de la ONU, que data de 30 años, sobre las obligaciones que tienen las naciones para con los refugiados.

 
Si bien esta resolución carece de peso legal en Estados Unidos la agencia dijo que cree que “Estados Unidos y México están recibiendo un número significativo de personas/menores de edad desplazadas de manera forzosa por la violencia de Centroamérica, y que deberían reconocer que tratan con una situación de refugiados, lo que implicaría que no sólo no deben ser devueltos de manera automática a sus países de origen, sino recibir protección internacional. ACNUR tiene la voluntad de acompañar a los estados en ese sentido”.

 
Estados Unidos ha visto un dramático aumento en la cantidad de migrantes centroamericanos que cruzan a su territorio, en particular los niños que viajan sin un adulto o tutor que los acompañe. Más de 52 mil niños solos han sido detenidos desde octubre. Tres cuartas partes de ellos provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, y la mayoría dicen que están huyendo de la endémica violencia de las pandillas y de una pobreza extrema.

 
Los republicanos del Congreso estadunidense y el gobierno de Barack Obama han hecho llamados para que sea revertida este ciclo migratorio. Entre otros cambios, el Ejecutivo quiere poner fin a una ley de 2008 que permite a los niños inmigrantes ser liberados tras su captura para ser citados ante un juez de inmigración. En lugar de ello, buscan que los policías de la Patrulla Fronteriza decidan si los deportan o les permiten tener una audiencia adicional donde puedan exponer su caso.

 
El gobierno estadunidence dijo que quiere asegurarse de que los niños inmigrantes sean alojados en “condiciones humanas” en centros de detención mientras que las autoridades trabajan rápidamente para determinar si les van a dar una autorización para permanecer en Estados Unidos, o no. Si es no, se debe permitir la discrecionalidad del gobierno para “dejar a su criterio la repatriación” de los niños, dijo el Secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson.

 
Expertos en inmigración de Estados Unidos y América Central dicen que es probable que aumente el flujo de inmigrantes provenientes Honduras y El Salvador ya que los dos países la violencia de las pandillas es generalizada. Honduras, que es un país estratégico para el tránsito de la cocaína que va a Estados Unidos, tiene la más alta tasa de homicidios del mundo para un país que no está en guerra.

 

3,700 mdd para enfrentar crisis de menores inmigrantes

 

Foto: AP

WASHINGTON. Abordando lo que ha llamado una crisis humanitaria, el presidente estadounidense Barack Obama le pidió el martes al Congreso 3 mil 700 millones de dólares para confrontar una ola de menores de Centroamérica que están cruzando ilegalmente la frontera desde México hacia Estados Unidos, abrumando los recursos de inmigración y causando una tormenta política en Washington.

 
La Casa Blanca dijo que el dinero va a ser usado para incrementar la detención, el cuidado y el transporte de niños no acompañados, ayudará a acelerar la deportación de adultos con niños al aumentar la capacidad de las cortes de inmigración y fortalecerá el combate a redes de contrabando de inmigrantes. Los fondos incrementarían además las operaciones de vigilancia en la frontera sur estadunidense y ayudarían a los países centroamericanos a repatriar a los migrantes.

 
El pedido de dinero no incluye propuestas para cambios legislativos que la Casa Blanca desea. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que aún planean trabajar con el Congreso para incrementar la autoridad del gobierno para deportar a menores que crucen la frontera ilegalmente.

 
Los funcionarios dicen que siguen estudiando la manera de acelerar el proceso, pero agregan que el pedido de cambios legislativos específicos avanzará separadamente de los gastos de emergencia que Obama le envió al Congreso.

 

Policía de LA no colaborará para detener inmigrantes

 

Foto: Especial

LOS ANGELES. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) desatenderá las solicitudes de las autoridades federales estadounidenses para mantener presos a inmigrantes que puedan ser deportados.

 
“El gobierno federal está a cargo de hacer cumplir las leyes federales de inmigración, no nosotros a nivel local”, anunció el alcalde Eric Garcetti ante una multitud de defensores de inmigrantes.

 

 

Expuso que “esa responsabilidad no puede ser impuesta a las fuerzas del orden locales, que ya tienen presupuestos limitados”.

 

 

Con este anuncio, Los Ángeles se unió a decenas de ciudades y condados estadounidenses que han dejado de colaborar con las autoridades migratorias, después de un fallo de una corte federal en abril pasado.

 

 

El fallo responsabilizó a un condado de Oregon por daños contra un inmigrante, que fue retenido después de que concluyó su condena, para que pudiera ser transferido a la Oficina de Inmigración y Aduanas.

 

 

Con base en ese dictamen, los funcionarios de Los Ángeles decidieron revisar su enfoque ante las solicitudes federales a principios de este año.

 

 

El jefe del LAPD, Charlie Beck, declaró que el nuevo enfoque mejorará la confianza de la comunidad en la policía para alentar a más personas a denunciar los delitos.

 

 

Beck dijo que el índice de delincuencia ha ido a la baja en los últimos tres años en Los Ángeles, mientras el Departamento de Policía “redujo sistemáticamente” el número de solicitudes de detenciones.

 

 

Este año, el departamento recibió 773 peticiones y sólo cumplió unas 300, dijo Beck.

 

 

“La gente se pregunta si esto afectará a la delincuencia en Los Ángeles. Mi respuesta es no”, dijo Beck en la conferencia de prensa junto al alcalde Garcetti y otros funcionarios de la ciudad.

 

 

“Esto no es algo por lo que la gente debe estar preocupada, de que se libere a delincuentes que cometen graves delitos, porque eso no se hará”, señaló.