La historia de los intentos de venta de los nueve ingenios públicos -alguna vez de CAZE-, que desde su expropiación administra el Fondo de Empresas Expropiadas del sector Azucarero (FEESA), se ha enfrentado a una serie de obstáculos legales durante los últimos 13 años. Es decir, desde que Vicente Fox, aconsejado por su “banda”, cometió la “burrada” de expropiarlos.
Desde la expropiación de 27 fábricas azucareras en 2001, entre las que se encontraban los nueve ingenios de CAZE, Enrique Molina Sobrino, conocido en aquel entonces como el Sugar King, promovió varios juicios de amparo (tanto de las sociedades anónimas como de los accionistas) contra el decreto expropiatorio, los cuales fueron resueltos en definitiva a favor del Gobierno federal. En 2009, la Sagarpa realizó el acto de la indemnización correspondiente a la expropiación de los nueve ingenios, depositándola ente el juez, porque Molina Sobrino obviamente no aceptó la “miseria” que, según él, le estaban dando por los “changarros”. Interpuso por lo tanto un juicio de reversión por la expropiación. La reversión, explican los que saben de estos asuntos, es un procedimiento administrativo que constituye una expectativa de derecho que no afecta la verdad legal sobre la propiedad de los bienes expropiados.
Así las cosas, el 23 de julio de 2012, la Secretaría de la Función Pública emitió en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para desincorporar las fábricas en cuestión. CAZE promovió un juicio de amparo contra dicho acuerdo, que dicho sea de paso, condicionaba la venta de los ingenios a que se resolvieran algunas condiciones establecidas en el cuarto numeral, que dice:
“Para que surta efectos la desincorporación y autorización… del presente Acuerdo y con el objeto de evitar una contingencia al Gobierno Federal durante el proceso de licitación o, a más tardar en la fecha en que se emita el fallo correspondiente,
deberá acreditarse que ha concluido el procedimiento de reversión a que hace referencia el tercer considerando de este instrumento, por cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que a continuación se indican:
I. Resolución del mismo;
II. Desistimiento;
Ill. Renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico aplicable;
IV. Declaración de caducidad;
V. Imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, o
VI. Convenio de las partes, siempre y cuando no sea contrario al ordenamiento jurídico ni verse sobre materias que no sean susceptibles de transacción, y tengan por objeto satisfacer el interés público, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regula”. (Hasta aquí el texto del mencionado numeral).
El 30 de mayo pasado se dictó sentencia en contra de CAZE, por lo que Molina quedó desamparado; es un decir, pues con dicho fallo, a ninguna de las autoridades responsables se imponen obligaciones de “hacer o no hacer”, por lo que ahora sí, el Gobierno Federal podrá vender los ingenios sin problema alguno.
Lo único que faltaría es que la Secretaría de la Función Pública emita otro acuerdo, quitándole el numeral cuatro que comentamos.
¡Y tan tan!
AGENDA PREVIA
Después de una maratónica sesión de casi 20 horas, fueron aprobadas las leyes reglamentarias de la reforma de telecomunicaciones en la Cámara de Diputados. En medio de la somnolencia natural por la larga jornada, no faltó alguien que dijera que la reforma estaba dirigida para favorecer a un agente preponderante en particular y para perjudicar a otro. El coordinador de los legisladores priistas, Manlio Fabio Beltrones, salió al quite y echó abajo esa
malosidad. Aseguró que con esta enmienda constitucional nadie pierde y por el contrario, todos salimos ganando. Que la enmienda no está hecha para lastimar a nadie, ni para afectar a una empresa o a un empresario en específico, sino para servir a los mexicanos y para abaratar los servicios de telefonía. Más claro, ni el agua.
Por cierto, sobre este asunto de los beneficios de la reforma, el secretario de Comunicaciones y Transportes ¿cómo se llama? Ah sí, Gerardo Ruiz Esparza, declaró que 117 millones de usuarios disfrutarán de la baja de costo de los servicios telefónicos. ¿De dónde sacaría esa cifra mágica?
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