Luego de las anomalías que se han detectado en obras y servicios contratados por el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) amplió las facultades con que cuentan sus funcionarios para dar por terminados contratos suscritos con particulares de forma anticipada, o aplicar sanciones económicas en caso de incumplimiento.
En marzo pasado 24 HORAS publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había dado un dictamen negativo a las obras de modernización de la principal base aérea militar del país, así como en la renta de otros aparatos y servicios, lo que se sumaba a la falta de sanciones por estas faltas.
Ayer, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo firmado por el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, por medio del cual se dan al Oficial Mayor y Directores Generales de la dependencia las facultades de proceder en contra de incumplimientos en los contratos.
Lo anterior, dice el documento, con el objetivo de “estar en condiciones de tomar las acciones jurídicas que permitan preservar los intereses de la federación en el ejercicio del gasto que se lleva a cabo mediante los contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.
Antes de estas modificaciones, las funciones de sancionar a las empresas que incumplieran con las condiciones comprometidas solo recaían en el titular de la Sedena, situación que hacía mucho más burocrático el procedimiento.
El acuerdo detalla que las sanciones que los funcionarios castrenses podrán aplicar a las personas físicas o morales que incumplan con los contratos pactados con el Ejército, van desde determinar y aplicar el pago de multa y hacer efectivas las fianzas o garantías, hasta la rescisión administrativa del contrato o incluso su terminación anticipada.
“Esta facultad se ejercerá en cualquier parte de la República, ante toda clase de personas físicas o morales” hace hincapié la SEDENA.
Esta facultad que se dio al oficial mayor y a los directivos, precisa la dependencia, tampoco evita que el secretario de la Defensa pueda aplicar también por su cuenta las sanciones mencionadas.
Graves fallos
En la última auditoría practicada a obras y servicios del Ejército mexicano, la ASF detectó por lo menos doce anomalías graves respecto a la modernización de la Base Aérea número 1 de Santa Lucía estado de México, que tan solo en el 2012 implicó un gasto de 553 millones de pesos al erario.
Las anomalías de esta obra considerada estratégica comprenden entre otras cosas la carencia de un presupuesto base, de un estudio de mercado, de un proyecto ejecutivo presentado en tiempo y forma, el pago millonario a un “gerente de supervisión” que no estaba acreditado como tal, pagos pro estructuras y materiales sin justificación, asignación de una plantilla laboral irregular, entre otros.
Y sobre ello los auditores pusieron la alerta respecto a la aparente falta de supervisión de la Defensa en estas fallas y la total falta de medidas correctiva so sanciones al respecto.
Otras auditorias financieras derivaron también en la detección de fallos y recomendaciones a la Sedena. Por ejemplo fue común la falta de procedimientos formales que regulen las condiciones de arrendamiento de helicópteros, aeronaves y equipos, para lo cual no se aplicaorn tampoco sanciones.
Reglamentan detenciones en el MP
A través de un acuerdo publicado ayer en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se oficializó el procedimiento para que una persona pueda ser retenida en el Ministerio Público por algún delito que presuntamente haya cometido en flagrancia.
Dicho acuerdo firmado por el Procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza establece que es obligación del MP verificar que la detención se haya hecho durante la comisión del delito o inmediatamente después.
Una vez revisado esto se dictará el acuerdo de retención del sospechoso por un máximo de 48 horas antes de que se defina si es consignado o queda ne libertad. No habrá prórrogas.
Mientras la persona esté declarando deberá aparecer su nombre en las pantallas digitales del programa “MP Transparente” con información de su hora de retención. Si no hay o no sirven las pantallas, estos datos deberán colocarse en otro aviso a la vista del público.