Ex trabajadores de la Universidad Obrera de México (UOM) Vicente Lombardo Toledano denunciaron este jueves despidos arbitrarios y posible desvío de recursos públicos.
Ariel López, empleado hoy despedido, entregó un documento que avalan estas acusaciones, la cual será entregada a la presidencia de la comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, informó la legisladora Socorro Ceseñas Chapa (PRD).
El hoy empleado despedido explicó que la UOM se ha transformado en una especie de empresa privada, a pesar de que se trata de una institución que recibe recursos de la Secretaría de Educación Pública. Su presupuesto para el 2014 asciende a 17.2 millones de pesos.
Agregó el denunciante, se suma un millón 400 mil pesos que recibe por parte del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), por concepto de cursos a aspirantes a la educación pública superior, además de los ingresos por cafetería.
De estos fondos, las autoridades de la UOM no rinden cuentas y, además se desvían a empresas supuestamente propiedad de Vicente Silva Lombardo, nieto del fundador de la UOM y heredero de la institución.
Se trata de las empresas privadas JG-Consultoria Empresarial Global, SA de CV, y Agricultura, que recibieron más de tres millones 672 mil pesos, por diversos servicios, acusó Ariel López.
El grupo de quejosos solicitó una auditoría a la institución fundada en 1936 para apoyar el desarrollo de la conciencia de los trabajadores y que, no obstante, hoy lleva a cabo diplomados y cursos para preparar a estudiantes que buscan ingresar a la educación superior, sobre todo en el Distrito Federal, señalaron.
La legisladora federal, que invitó a los ex empleados de la institución educativa, sostuvo que habrá que investigarse a profundidad estas denuncias, que se haga la auditoria correspondiente, que se resuelvan, obviamente, las sanciones que tengan lugar.
El resarcimiento de los recursos económicos que se detecten que no están justificados para lo que el presupuesto que se aprobó, y, la inmediata reinstalación, así como el respeto de los derechos humanos de los trabajadores despedidos, finalizó la legisladora por Nuevo León.
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