Este Fondo fue creado en 1998 con un monto presupuestal de 10 mil millones de pesos, el cual fue creciendo hasta llegar a contar este año con casi 58 mil millones de pesos. Es uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, diseñado específicamente para permitir a las autoridades locales la disminución de la pobreza de manera descentralizada a través de la construcción de infraestructura básica y la atención a las necesidades más apremiantes de la población.
Conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del FAIS debían destinarse a agua potable, drenaje, mejoramiento de vivienda, electrificación de colonias populares, entre los más relevantes, siempre bajo la premisa que este tipo de obras permitiría avanzar en la reducción del déficit en infraestructura básica y, por lo tanto, de las brechas sociales.
Este propósito se fue alterando con el tiempo, pues a pesar de ser la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal la coordinadora de dicho Fondo, era notoria la falta de reglas claras en la aplicación de los recursos, conforme a los objetivos y rubros de ley. Esta imprecisión normativa se reflejaba en que no se definían conceptos como pobreza o la manera de focalizar la población objetivo, y a pesar de que existía un catálogo de las obras que se podían ejecutar, éste era tan amplio que hacía que se cayera en la laxitud en la ejecución.
Aunado a lo anterior, la fórmula de distribución de los recursos contenida en la Ley de Coordinación Fiscal establecía componentes muy difíciles de calcular, lo cual impedía a las autoridades municipales saber con exactitud lo que por ley les correspondía anualmente; estos mismos componentes le daban mayor peso al ingreso –si bien los recursos debían destinarse a construcción de infraestructura-, lo que provocaba que la mejoría en indicadores que lograban municipios y estados no repercutiera en la asignación de mayores recursos para sus administraciones. Peor aún, dada la obsolescencia de los datos censales, al actualizarse éstos en el 2011 conforme al resultado del último Censo de Población del INEGI, se ocasionó que alrededor de mil municipios perdieran una importante cantidad de recursos al mejorar sus indicadores. Se configuraron así “incentivos perversos”, ya que muchas autoridades locales preferían no lograr avances en sus indicadores sociales por el temor a perder subsidios fiscales.
Como consecuencia, el FAIS se convirtió en objeto de severas críticas de organismos como el Coneval, que lo calificó de ineficaz en la reducción de la pobreza, y como poco transparente al no reportar los municipios a Sedesol y a Hacienda sobre el uso de los recursos a pesar de ser su obligación legal.
De igual forma, la Auditoría Superior de la Federación, como instancia fiscalizadora, señalaba diversas fallas: excesiva concentración de recursos en zonas urbanas, obras fuera de normatividad, acciones no dirigidas a la población objetivo, falta de transparencia.
En resumen, si bien los presidentes municipales contaban con un importante monto de recursos para atender la demanda ciudadana, lo ejecutado no correspondía al objetivo para el cual fue implementado este Fondo del Presupuesto de Egresos de la Federación. Se generaron todo tipo de excesos y desviaciones: en lugar de agua potable, camionetas de lujo para servicio del ayuntamiento; en lugar de mejoramiento de vivienda, la construcción de la plaza de toros municipal, “porque así lo pidió la ciudadanía”. Es así como durante 15 años se aplicaron recursos que no contribuyeron de manera directa a la disminución a la pobreza y, peor aún, completamente desalineados de la Ley General de Desarrollo Social, la cual desde 2004 pretendía corregir y clarificar temas todavía ambiguos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Por todo lo anterior, en 2013 la Sedesol presentó una propuesta para realinear el FAIS a través de una serie de cambios a la Ley de Coordinación Fiscal. Esta propuesta prosperó en las Cámaras de Diputados y de Senadores y, con ello, la Secretaría recuperó la rectoría de este importante instrumento de nuestro federalismo social.
Estas son algunas de las modificaciones más relevantes:
- Se toman de la Ley General de Desarrollo Social los conceptos básicos de pobreza y sus indicadores para precisar a la población objetivo y las zonas de atención prioritaria;
- Se modifica la fórmula de distribución para utilizar información reciente y garantizar que no habrá “pérdida” de recursos a futuro para aquellos municipios que hagan bien la tarea (se acaba con los “incentivos perversos”;
- Se obliga a la Sedesol a dar capacitación permanente a estados y municipios para la correcta operación del FAIS;
- Se emite un catálogo de obras, así como lineamientos que dan mayor exactitud en la aplicación de recursos, desterrando imprecisiones, discrecionalidad y vacíos legales.
La meta de todo lo anterior es alcanzar objetivos claros y concretos: lograr mayor transparencia y mejorar la rendición de cuentas; contribuir a la eficiencia y eficacia en el combate a la pobreza; potencializar el impacto de los presupuestos a través de la coinversión con programas federales, y mejorar las capacidades de los municipios a través de una mejor planeación.
En suma, estamos ante un cambio de paradigma para recuperar la vocación social del FAIS y hacer de éste un aliado en la construcción de un México más incluyente, que es el objetivo central del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.