El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detectó al menos nueve sentencias dictadas por el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano que no fueron imparciales y que están relacionadas con temas de delincuencia organizada. Las autoridades judiciales desconocen el paradero actual del funcionario suspendido.
Lo anterior lo informó el consejero José Guadalupe Tafoya Hernández, quien agregó que en los próximos días se presentará la denuncia contra Luna Altamirano, a quien el CJF investigó por dos años por distintas irregularidades en sus funciones.
Desde el miércoles pasado se anunció oficialmente que, con base en las investigaciones internas del Consejo de la Judicatura Federal se encontraron elementos para presumir los posibles vínculos del magistrado con la delincuencia organizada, ahora está pendiente la denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR), instancia que se hará cargo del resto de las investigaciones.
El consejero Tafoya informó que se tienen detectadas al menos nueve sentencias sobre amparos y quejas dictadas por el magistrado cuando fungía como titular del Tercer Tribunal Unitario, las cuales no fueron imparciales, dichos fallos están relacionados con la delincuencia organizada y delitos contra la salud.
“Son temas de causas penales en apelación, desde luego sí tienen relación con algunos delitos de ese tipo (delincuencia organizada, narcotráfico) y son juicios de amparo también relacionados con lo mismo. El Tribunal Unitario conoce de apelaciones penales y de amparo de la misma naturaleza”, indicó el consejero.
A pregunta expresa sobre el paradero del magistrado acusado dijo desconocer dónde se encuentra actualmente, aunque será notificado sobre los resultados de las investigaciones internas del Consejo de la Judicatura en su domicilio conocido, y su búsqueda y localización será tarea de las instancias encargadas de las pesquisas, en este caso de la PGR.
“Desconozco, desconozco, no tengo noticia… No es nuestra función (buscarlo y localizarlo), nuestra función de este momento, de inicio, es notificarle, tenemos un domicilio donde le vamos a notificar y ahí está nuestra responsabilidad”, detalló el consejero.
A pesar del reconocimiento del Consejero de una parcial impartición de justicia, donde no hubo ecuanimidad en los fallos, estos no se repondrán, pues ya se dieron como cosa juzgada, y algunos se apelaron por las vías legales correspondientes, ya que el objetivo de las pesquisas no es enmendar sus errores judiciales.
“Los procedimientos de responsabilidad no tienen el carácter de recurso, no tienen por objeto enmendar, revocar o corregir una resolución, esa camina por las rutas legales y hubo recurso en su momento y se hizo valer, pues ahí tendrá su modificación, su confirmación; las que son terminales, es decir, la que tiene la última palabra, pues son inmodificables”, dijo Tafoya Hernández.
Reconoció que haya otros jueces que están siendo investigados por presuntos actos de corrupción, los cuales por fortuna son una minoría que no pone en riesgo el trabajo del aparato judicial, y ningún otro tan grave como el caso de Luna Altamirano.
“Son los mínimos, la gran mayoría de nuestros jueces y de nuestros magistrados son jueces probos, confiables, comprometidos, rectos, profesionales que trabajan con excelencia… Los malos son verdaderamente insignificantes frente al grupo de jueces y magistrados que trabajan para impartir justicia y que lo hacen de manera comprometida”, aseveró.
Otro es investigado por 9 mdp
Por operaciones bancarias inusuales por unos 9 millones de pesos, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió sin goce de sueldo al magistrado Jorge Figueroa Cacho, contra quien inició un procedimiento de responsabilidad.
La Judicatura informó que hay elementos para presumir que realizó transacciones cercanas a los 3 millones de pesos, que no corresponden a su sueldo como impartidor de justicia, y que no fueron incluidos en su declaración patrimonial.
El órgano informó que al concluirse la investigación administrativa, se detectó que el magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito realizaba depósitos a favor de sus familiares.
Las operaciones -algunas de ellas en dólares-, a las cuentas del mencionado, provenían de diversas empresas dedicadas a la compra-venta de metales y joyas en México y en el extranjero.
Sus familiares realizaron transacciones en moneda nacional y extranjera por un total aproximado de 6 millones de pesos, sobre los cuales se desconoce el origen.
La suspensión ordenada por el Pleno del CJF contra Figueroa Cacho será durante el tiempo que se requiera para procedimiento administrativo.