La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tiene abierta una averiguación previa, desde el sexenio pasado, que involucra al magistrado del Poder Judicial de la federación Jesús Luna Altamirano, y a un juez federal, por haber negado una docena de órdenes de aprehensión en contra de sospechosos cercanos a Joaquín El Chapo Guzmán.
Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) confirmaron a 24 HORAS la indagatoria abierta en contra de los funcionarios judiciales por delitos contra la administración de justicia y delincuencia organizada, aunque hasta ahora ninguno ha sido consignado.
La semana pasada el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que tras una investigación administrativa se determinó que el magistrado pudo haber recibido dinero proveniente el crimen organizado.
Las fuentes ministeriales consultadas indicaron que las sospechas comenzaron desde el 2005, cuando el juez Efraín Cázares López, entonces responsable del Juzgado Octavo de Distrito, negó de forma sistemática órdenes de arresto solicitadas por el Ministerio Público en contra de personas sospechosas de delitos contra la salud, lavado de dinero y delincuencia.
Se trataba al menos de doce solicitudes para proceder con la captura de integrantes de la cúpula de liderazgo del Cártel del Pacífico, entre ellos familiares directos de Joaquín Guzmán Loera, quien en esos momentos seguía prófugo de la justicia.
La PGR apeló todas las negativas de las órdenes de aprehensión y los expedientes recayeron en manos del magistrado Luna Altamirano, responsable del Tercer Tribunal Unitario, quien en todos los casos ratificó la decisión de Cázares, al considerar que no había pruebas suficientes para ordenar el arresto de los sospechosos.
“Desde el punto de vista de la PGR, estas determinaciones entorpecieron la desarticulación de la cúpula de liderazgo del Cártel del Pacífico. Incluso presumimos que la captura de El Chapo Guzmán se hubiera logrado mucho antes sin esas resoluciones”, dijo un funcionario que pidió reserva con su nombre.
En su momento, autoridades de la PGR indicaron que Juan Carlos de la Barrera Vite, ex empleado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había declarado que varios empleados del Poder Judicial colaboraban con el narcotráfico.
A estas determinaciones polémicas se sumó la resolución en el 2008 del ministro Luna, quien decidió exonerar a Iván Archivaldo Guzmán, hijo de El Chapo, luego de que una jueza federal lo había sentenciado a más de cinco años de cárcel.
Desde el 2012 el CJF decidió suspender de forma indefinida a Luna Altamirano y al juez Cázares López.
Ya lo siguen
Aunque no se ha informado de alguna orden de aprehensión o de presentación vigente, autoridades consultadas por este diario indicaron que agentes federales ya realizan trabajos de localización y seguimiento por lo menos en el caso de Luna.
El CJF indicó la semana pasada que presentará la denuncia correspondiente en contra del magistrado suspendido ante la PGR, instancia que es la única facultada para investigarlo penalmente. El Consejero José Tafoya Hernández, dijo que había por lo menos nueve sentencias irregulares resueltas por Luna Altamirano.
De acuerdo con fuentes ministeriales, los elementos que aporte la Judicatura serán claves para agilizar la eventual detención y consignación del magistrado.