A tres meses de que comiencen las primeras fases del proceso federal intermedio, Alfredo Orellana Moyao, renunció como responsable de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR).

 

Con esta dimisión ya son cuatro los cargos de alto nivel de la Procuraduría que han quedado vacantes en la presente administración federal.

 

A través de varios mensajes en su cuenta de Twitter, que después borró, Orellana argumentó que renunció para facilitar la transición en la referida fiscalía luego de que la reforma político-electoral la dotó de mayor autonomía. Ahora es el Senado y no el procurador quien debe nombrar a su titular.

 

“He presentado respetuosamente mi renuncia a la Fepade para facilitar la designación del titular en esta nueva etapa, en los plazos marcados (…) los transitorios en la reforma política señalan nuevo nombramiento en la Fepade. Con mi renuncia existe vacante para que inicie el proceso”, publicó en Twitter el funcionario.

 

Aunque Orellana posteriormente eliminó los “tweets”, fuentes del gobierno federal confirmaron que la dimisión de Orellana ocurrió la semana pasada y su renuncia fue aceptada por el procurador Jesús Murillo Karam. La PGR ya no cuenta con facultades para nombrar a un nuevo sucesor.

 

El Artículo 18 Transitorio de la reforma constitucional en materia político electoral publicada este año, establece que será el Senado el que “nombrará por votación de dos terceras partes al titular de la FEPADE”. El Gobierno Federal podrá objetar dicho nombramiento.

 

En mayo, en los artículos transitorios de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, quedó establecido que el Senado contaba con 60 días naturales para realizar este nombramiento, plazo que se venció el lunes pasado sin que exista dicha designación.

 

El próximo titular de la Fiscalía enfrentará una carga de trabajo que incluye por lo menos dos mil averiguaciones previas que se encuentran pendientes de resolver. Entre ellas se encuentran las denuncias del llamado caso “Monex” en el cual se acusaba al actual presidente de haber rebasado topes económicos durante la campaña electoral. Hasta el día de hoy no se conocen al menos públicamente los resultados de dicha indagatoria.

 

En el próximo 7 de octubre es la fecha contemplada legalmente para el arranque de la fase inicial del proceso electoral intermedio a nivel federal.