NUEVA YORK. Varios grupos de inmigrantes se unieron para presionar al presidente Barack Obama a que cumpla con el anuncio reciente de ejercer su poder ejecutivo para cambiar el sistema migratorio y frenar quizás así las deportaciones de millones de personas.
Los grupos, unidos en la campaña New Yorkers for Real Immigration Reform (Neoyorquinos por una reforma migratoria real), pidieron que Obama apruebe una orden ejecutiva sin contar con el Congreso ni los legisladores republicanos que se oponen a la iniciativa.
“Necesitamos que tome una acción agresiva, que actúe”, dijo Glenda Villamar, una ecuatoriana de 51 años que vive ilegalmente en el condado de Queens y que se unió a la conferencia de prensa de los grupos, frente a la Estatua de la Libertad, en el sur de Manhattan. “Sus hijos (de Obama) nacieron aquí, él tiene familia aquí, ¿le gustaría separarse de ellos?”
Obama anunció el 30 de junio que iniciaría esfuerzos para solucionar los problemas que plagan el sistema migratorio porque el Congreso no le había ayudado a aprobar una reforma que podía garantizar un estatus legal a aproximadamente 11 millones de inmigrantes.
Al mismo tiempo, un senador republicano y un representante demócrata presentarán un proyecto de ley para acelerar las deportaciones de los miles de niños centroamericanos que llegan a la frontera estadunidense sin documentos ni acompañantes adultos.
La legislación propuesta por el senador John Cornyn y el representante Henry Cuellar, ambos de Texas, busca acelerar las deportaciones de los menores centroamericanos cuyos procesos actualmente pueden demorar años debido a la cantidad de casos que permanecen atrasados ante las autoridades migratorias.
El proyecto de ley daría a 40 jueces migratorios adicionales un plazo de 72 horas para decidir si un niño puede permanecer legalmente en Estados Unidos.
Los menores deben presentar su solicitud a los siete días de ser evaluados por el departamento federal de sanidad. La patrulla fronteriza tiene 72 horas para transferir los menores al departamento de sanidad.
Sobre el tema, el gobernador de Iowa, Terry Branstad que su estado no quiere recibir a niños migrantes centroamericanos que cruzaron la frontera desde México.
Branstad dijo en conferencia de prensa que no tenía conocimiento de la presencia de niños migrantes en Iowa, y afirmó que el gobierno federal debería abocarse a asegurar las fronteras.
Branstad y otros gobernadores discutieron el tema con autoridades federales el domingo.
Bajo la ley vigente, los niños migrantes que llegan de países no fronterizos con Estados Unidos y no están acompañados por adultos son entregados a las autoridades federales. Luego se los envía a vivir con parientes en el país mientras una corte de inmigración da su fallo.
Desde el 1 de octubre, más de 57 mil niños no acompañados han entrado al país, generando una crisis humanitaria en la frontera.