El gobierno federal sospecha que en el albergue La Gran Familia, de Zamora, Michoacán, no sólo hubo víctimas de múltiples abusos y maltratos, sino que incluso pudieron haber muerto personas ahí internadas las cuales fueron sepultadas clandestinamente.

 

Desde la noche del martes pasado, un equipo pericial de la Procuraduría General de la República (PGR) inspecciona cuidadosamente el sitio en búsqueda de alguna fosa en el inmueble, revelaron a 24 HORAS autoridades ministeriales. Hasta el cierre de esta edición no se confirmaba aún algún hallazgo.

 

Todo lo anterior ocurrió bajo un fuerte operativo de vigilancia a cargo de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, quienes mantienen un perímetro de seguridad en la instalación, la cual cuenta por lo menos con dos patios.

 

“Los especialistas están buscando si en algún punto del lugar pudieron ser enterrados cuerpos. Al parecer hay gente que al parecer ingresó al sitio y nunca se supo más de ellos. Se está haciendo una inspección minuciosa con los peritos”, dijo un funcionario ministerial con conocimiento pleno de las indagatorias.

 

En tanto los fiscales de la SEIDO continuaron a lo largo del miércoles recabando las declaraciones de testigos que llegaron al albergue, así como de algunas víctimas que están en condiciones de rendir algún testimonio.

 

Ayer en conferencia de prensa el jefe General de la Agencia Central de Investigaciones de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, dio a conocer extractos de seis testimonios de víctimas menores de edad que se encontraban en el albergue.

 

Los testimonios coinciden en la existencia de abusos sexuales, maltratos físicos, alimentos en mal estado, e incluso que había un cuarto de castigos conocido como “El Pinocho”, de no más de tres metros cúbicos, donde los internos eran obligados a permanecer por horas y sin alimentos.

 

Pero las narraciones también evidencian la presencia de personas que aún en ese cautiverio y a escondidas, ayudaron a las víctimas a aminorar los maltratos. El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dijo que serán cuidadosos en detectar quienes son responsables pero también quienes apoyaron a los menores y adultos internados.

 

 

Otras indagatorias

 

Como parte de las investigaciones, la PGR comenzó a recabar desde ayer el ADN de algunos familiares que reclaman a menores y de las víctimas, para realizar las pruebas de identificación y que se dé luz verde al DIF para la entrega de menores. Por otra parte los peritos especialistas de las procuradurías verifican el estado físico y psicológico de cada una de las víctimas.

 

En otra vertiente, el Ministerio Público inició las acciones necesarias encaminadas a congelar la cuenta bancaria 670-7999789 a nombre de la Asociación Civil La Gran Familia, en la que presuntamente se recibían donativos. Lo anterior con el objetivo de profundizar en el financiamiento del lugar.

 

El procurador Murillo Karam dijo además que se está verificando la operación de las escuelas que formaban parte del albergue y los permisos con los que contaba.

 

 

Niega culpabilidad y va al hospital

 

En las primeras horas luego de su detención, la propietaria del albergue Rosa del Carmen Verduzco, alias Mama Rosa, negó ante fiscales de la SEIDO ser responsable de cualquier tipo de delito.

 

La mujer de casi 80 años de edad subrayó que la suya es una asociación civil que tiene más de cuatro décadas de operación y que está encaminada a asistir a menores en condiciones vulnerables.

 

Aseguró que cuenta con los documentos notariados de todas las custodias de los menores bajo su cuidado y ofreció presentarlos ante el Ministerio Público.

 

Luego de estos primeros señalamientos, Verduzco registró una crisis nerviosa que obligó a trasladarla a un centro hospitalario en Michoacán bajo fuerte vigilancia. El subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia, dijo que se encuentra estable. Su declaración formal será recabada en el nosocomio.

 

Cabe señalar que aunque los testimonios mostrados ayer no señalan directamente a Mama Rosa como responsable de haber cometido algún delito, Murillo Karam dijo que sí hay señalamientos que la involucran en delitos que aún se están definiendo.

 

Hoy vence el plazo original de 48 horas que la PGR defina su situación y la de las otras ocho personas detenidas con ella, aunque este lapso podría duplicarse si se considera que se trata de un asunto de delincuencia organizada.

 

Doble cara

 

La sospecha de la policía y de los agentes ministeriales es que el albergue aprovechó una doble fachada para operar por años.

 

Su cara exterior, según describen los investigadores, es de un albergue bien establecido y de prestigio, que cuenta con cuatro escuelas incluyendo una de nivel superior con la licenciatura de música con validez oficial, y convenios con varias instancias.

 

De hecho, el coro de la escuela asistió a la inauguración de Centro Fox del expresidente Vicente Fox y de su esposa Martha Sahagún.

 

En la página de la organización que aún está funcionando se aprecian imágenes de las actividades, de los servicios, y fotos que incluyen a Martha Sahagún con los niños del albergue. Se presume que se han atendido a más de cinco mil menores.

 

Pero según se reveló en los cateos, a decir de las autoridades, detrás de esa “pantalla” existen instalaciones en donde los internos estaban en completas condiciones de insalubridad y maltratos. La PGR mostró ayer fotografías de las condiciones deplorables del establecimiento.

 

“Quiero decirles que los primeros sorprendidos del tamaño del problema fuimos nosotros, junto con mucha gente de organizaciones nacionales o internacional y del propio Gobierno, considerábamos este centro como uno de los centros en que el que podíamos confiar el cuidado de los menores”, dijo ayer en conferencia Murillo Karam.

 

El procurador reconoció que este sitio recibió apoyos en distintos momentos de instancias estatales y federales, e incluso un reconocimiento internacional.