En reunión con la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente, el Coordinador Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia, propuso adecuar la recién aprobada Ley Federal de Telecomunicaciones y ajustar lo relacionado a la facultad para la geolocalización de llamadas telefónicas para ubicar y detener a plagiarios.
Aseguró que debe delegarse la facultad de solicitar la geolocalización de llamadas telefónicas de las empresas del sector a los Ministerios Públicos especializados en el tema de plagio, así como los encargados de las Unidades Antisecuestro en los estados.
Señaló que los jueces no tienen agilidad para actuar en caso de que se requiera ubicar una banda de plagiarios que está usando la telefonía celular, por lo que la facultad de georeferencia debe delegarse a los Ministerios Públicos y titulares de las Unidades Antisecuestro.
Frente a los cuestionamientos de legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) sobre posibles violaciones a las garantías individuales con el tema de la geolocalización, el coordinador aseguró que se estaría sacrificando un bien jurídico de menor valía por otro mayor con el objetivo de salvar la vida de los secuestrados.
Ante senadores y diputados de todas las bancadas, el funcionario también habló sobre la extorsión, delito que, reconoció, se consuma en algunos casos desde el interior de los centros penitenciarios a lo largo del país.
Debido a esto, a partir del mes de agosto el gobierno federal dotará de bloqueadores de señales de telefonía celular a los penales con mayor incidencia en este delito, aparatos que, explicó, serán manejados desde el exterior del penal y no por los custodios o directores de los centros de reclusión.
Además, el coordinador antisecuestro, afirmó que el delito de secuestro en nuestro país se ha contenido en los últimos meses, debido al desmantelamiento de 170 bandas del crimen organizado en el primer semestre del 2014.
En la reunión estuvieron presentes Isabel Miranda de Wallace, de la organización Alto al Secuestro, Alejandro Martí, de México SOS, Josefina Ricaño, de México Unido contra la Delincuencia, y María Elena Morera de Causa en Común.