Organizaciones agrarias se pronunciaron por rechazar el borrador preliminar del Convenio Marco para la Reforma al Campo que recibieron por parte de la Sagarpa esta semana, al considerar que presenta incoherencias.
“Entre las principales contradicciones de este documento está el compromiso por parte del poder Ejecutivo para no cuestionar el régimen de propiedad social pero, al mismo tiempo, se plantea que hay que simplificar trámites que permitan vincular los asuntos de la propiedad de la tierra con la productividad, que deja ver el interés que hay por la privatización de la propiedad social”, dijo el coordinador general del Congreso Agrario Permanente (CAP), José Durán Vera.
Por su parte, el secretario general de la Central Campesina Cardenista, Max Correa, indicó que este documento deberá trabajarse a fondo debido a que sólo se enfoca a las cuestiones productivas, dejando de lado la parte social y de derechos humanos.
“Vamos a rechazar el documento. No incluye nuestras propuestas y sólo ve la parte productiva; está muy incompleto, como cualquier documento preliminar, y lo que nos muestra al momento no nos deja satisfechos”, comentó.
Los dirigentes agrarios se pronunciaron en contra de planteamientos como el uso de la biotecnología para la producción de semillas, aunque sea con investigación nacional, ya que esto “tienen un riesgo importante porque hay un proceso de apoderamiento por parte de las transnacionales, además de que se generaría un producto que no se tiene claro cuál es el riesgo para la salud”.
No obstante, Durán Vera señaló en entrevista telefónica que el documento contiene algunas coincidencias con los planteamientos de organizaciones integradas en el CAP, como son los ajustes al Proagro Productivo para reducir la cobertura máxima de 100 a 20 hectáreas de cultivo ya que, dijo, “es un planteamiento que el movimiento campesino ha hecho desde que surgió el programa”.
Agregó que el Proagro Productivo (antes Procampo) surgió en el sexenio salinista con el planteamiento de apoyar una superficie máxima de 30 hectáreas, sin embargo durante los siguientes gobiernos el programa fue modificado para abarcar hasta 100 hectáreas y que así tuvieran cabida los grandes agricultores comerciales, por lo que el planteamiento de los cambios lo ve como “aceptable”.
Asimismo, dijo que analizarán el planteamiento de especializar a las instituciones y productos financieros, principalmente para atender los créditos a los pequeños agricultores.