Del 2008 a la fecha, son por lo menos cuatro casos donde instancias de gobiernos estatales enviaron a decenas de niños en condición vulnerable a albergues de asistencia privada, los cuales terminaron siendo intervenidos por la policía tras las denuncias de irregularidades, desde maltratos y abusos, hasta el tráfico de los propios infantes.
Se trata de los albergues Casitas del Sur, en el Distrito Federal; CAIFAC, en Monterrey, Nuevo León; La Casita, en Cancún, Quintana Roo; y el más reciente albergue de Mamá Rosa o La Gran Familia en Zamora, Michoacán.
El común denominador en dichos casos, según las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), fue la responsabilidad de los administradores de estos sitios operados por asociaciones civiles legalmente establecidas, así como el deficiente seguimiento gubernamental de la forma en que operaban esos lugares y del estado de los menores.
“Quiero decirles que desgraciadamente no es el primer caso en el que una institución que nos merece una opinión respetable nos decepciona con este tipo de cuestiones”, reconoció esta semana el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, al anunciar la intervención en el albergue de Zamora.
Hasta ahora, ninguno de los casos mencionados ha derivado en sanciones para servidores públicos de alto nivel, y sólo en el asunto de Casitas del Sur terminaron renunciando algunos mandos medios de la Procuraduría capitalina.
Las tristes Casitas
Fue en el 2008 cuando la denuncia de la desaparición de la niña Ilse Michelle, canalizada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) al albergue Casitas del Sur, motivó la intervención policial en dicha instalación, y el rescate de decenas de menores de edad, aunque varios no fueron encontrados.
En agosto de ese mismo año, la PGR recibió la denuncia de irregularidades similares en el Centro de Adaptación e Integración Familiar, CAIFAC, en Monterrey, y en la casa hogar La Casita, en Cancún.
En total, 15 menores no fueron encontrados en esos tres albergues, todos operados por una asociación civil denominada Reintegración Social A.C. Las investigaciones revelaron que fueron traficados ilegalmente por los administradores, y entregados a parejas que los adoptaron ilegalmente. Hasta la fecha siguen desaparecidos tres niños.
El factor común de estos tres albergues, es que muchos de los niños que recibieron fueron canalizados directamente por las procuradurías locales. Se trataba en la mayoría de los casos de menores en condiciones vulnerables debido a problemas legales que enfrentaban sus padres, principalmente de violencia intrafamiliar.
Los procuradores reconocieron en su momento, que desconocían las irregularidades en dichas instalaciones.
La Gran Familia
El cuarto caso ocurrió apenas esta semana en Zamora con un megaoperativo, que incluyó al Ejército, en el albergue de la Mamá Rosa, operado por la asociación civil La Gran Familia.
Las investigaciones están aún en una fase inicial pero ya se sabe que desde hace una década existían denuncias por la supuesta retención ilegal de menores de edad en dicho albergue, el cual recibió apoyos no solo de la iniciativa privada sino también de instancias federales y estatales.
Por lo menos los DIF de tres estados, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, recomendaron a varios padres enviar a sus hijos al referido albergue. El procurador Murillo Karam, reconoció que seguramente las supervisiones carecieron de profundidad o irregularidad debido al prestigio con el que contaba esta casa hogar.
Perfila PGR tres consignaciones
La Procuraduría General de la República (PGR) prevé consignar a por lo menos tres de las nueve personas retenidas tras el operativo del martes pasado en el albergue La Gran Familia, a más tardar este fin de semana.
En entrevista televisiva transmitida ayer por la noche el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dijo que ya contaban con evidencias para proceder penalmente en contra de tres personas por lo menos por el delito de abuso sexual, mientras que los otros casos continuaban bajo análisis.
No precisó si entre las personas que serían consignadas se encuentra la administradora del albergue, Rosa Verduzco mejor conocida como Mama Rosa. Tampoco dijo si será el Ministerio Público Federal o local quien hará las acusaciones.
Por otro lado Murillo Karam confirmó lo publicado ayer por 24 HORAS respecto a que se investigaron los rumores sobre alguna fosa en el albergue, para lo cual se usaron perros entrenados en la búsqueda de restos humanos. Dijo que por el momento no se había encontrado nada.