WASHINGTON. Drones, helicópteros con visión nocturna y un millar de soldados armados es la receta propuesta por el gobierno de Texas y algunos conservadores para hacer frente a la llegada masiva de menores de edad centroamericanos a través de la frontera con México.
El gobernador de Texas, Rick Perry, ha pedido al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que autorice el envío de mil efectivos de la Guardia Nacional del estado y estos elementos de ayuda para aliviar el trabajo de los agentes federales de la Patrulla Fronteriza.
El objetivo es frenar las entradas ilegales a lo largo de los dos mil kilómetros de frontera entre Texas y México, como medida disuasoria y para no descuidar la lucha contra el crimen transfronterizo.
Obama, que como comandante en jefe de la Unión debe autorizar despliegues de fuerzas estatales con fondos federales, ha dicho que estaría dispuesto a aceptar el despliegue de militares en la frontera solo como medida temporal y siempre que se apruebe una partida presupuestaria para atender a los menores inmigrantes.
“Estamos listos para responder a la llamada de nuestras autoridades civiles”, explicó el vocero de las Fuerzas Militares de Texas, el mayor Travis Walters.
Ésta no sería la primera vez que Obama ordena el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, algo que ya hizo entre 2010 y 2011, con el despliegue de mil 200 militares entre San Diego (California) y Brownsville (Texas).
Previamente, entre 2006 y 2008, George W. Bush ordenó la Operación Jump Start, que desplegó a seis mil miembros de la Guardia Nacional, un movimiento que fue visto como la primera gran militarización de la región fronteriza.
Según una auditoría ordenada por el Congreso en 2011, esas dos operaciones militares costaron mil 350 millones de dólares, con los que se comenzaron a utilizar por vez primera vez drones aéreos de vigilancia, se levantaron más vallados y se apostó a militares armados a lo largo de la línea fronteriza.
La motivación principal en aquellas dos ocasiones fue el temor a que la violencia de los cárteles se extendiera a las regiones fronterizas de EU y que aumentara el tráfico ilegal de drogas, armas o personas; hoy, el miedo es la oleada de menores centroamericanos que cruzan solos con la intención de entregarse.
El congresista republicano por Texas Louie Gohmert ha llegado a sugerir que el uso de la fuerza militar está justificado en esta situación que definió como invasión, ignorando a aquellos que llaman a esta crisis migratoria una emergencia humanitaria.
Gohmert la prefirió llamar “invasión en masa”, “una amenaza a nuestra propia existencia” y por ello el Congreso tiene la autoridad para llamar al Ejército.
Desde octubre han llegado más de 57 mil menores solos e indocumentados con la esperanza de reunirse con familiares en Estados Unidos y de recurrir a las salvaguardas legales existentes en el país que protegen a niños que piden asilo por miedo a ser víctimas de la violencia o de la explotación.
La avalancha ha desbordado a la Patrulla Fronteriza, que mantiene una fuerte presencia de más de nueve mil 700 agentes en Texas, casi la mitad de los 21 mil de todo el país, y advierte que está descuidando operaciones de lucha contra el narcotráfico u otro tipo de delincuencia.
Boehner, harto de desacuerdo por reforma migratoria
WASHINGTON. En medio de las endurecidas posiciones de los dos partidos políticos de Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes John Boehner dijo que ha perdido algo de su optimismo acerca de que demócratas y republicanos se puedan poner de acuerdo sobre una legislación para hacer frente al flujo de jóvenes centroamericanos a lo largo de la frontera con México antes del receso legislativo de verano.
Boehner, un republicano, dijo que cualquier ley que suministre fondos de emergencia a la frontera para aliviar la oleada de inmigrantes debería estar acompañada por un cambio en una ley de 2008 de la que en su opinión se abusa.
La mayoría de los demócratas se oponen a esa opción, y el presidente demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez, enfatizó que es inaceptable cambiar la política estadunidense para acelerar el retorno de los niños inmigrantes centroamericanos sin audiencias judiciales.
Cuando le preguntaron a Boehner si confiaba en que republicanos y demócratas podrían alcanzar un acuerdo para finales de mes, contestó: “No estoy tan optimista como me gustaría estarlo”. El congreso toma un receso de un mes en julio.
El presidente Barack Obama ha pedido tres mil 700 millones de dólares en gastos de emergencia para redoblar las medidas de aplicación de la ley en la frontera e incrementar la acomodación para los menores que cruzan hacia Estados Unidos. Los republicanos quieren reducir esa cantidad, además de cambios en una ley a fin de acelerar las expulsiones.
“No sé cómo el Congreso puede enviar más dinero a la frontera para empezar a mitigar el problema si no se hace algo al respecto de la ley de 2008 de la que se abusa”, aseguró Boehner. “Y se abusa de ella”.
El llamado de Boehner para cambiar la ley subrayó lo que se perfila como el precio que quieren cobrar los republicanos para apoyar cualquier porción de la solicitud de gastos de emergencia del presidente, pero la endurecida oposición demócrata ha dejado cualquier solución en la incertidumbre.