El complejo privado de más de diez mil metros cuadrados en el que por medio siglo estuvo asentado el albergue La Gran Familia podría acabar en manos del Estado.
La Procuraduría General de la República (PGR), analiza la presentación de una demanda de extinción de dominio para el complejo, es decir, que la propiedad del terreno, edificio y mobiliario serían arrebatados a sus dueños, en este caso la asociación civil La Gran Familia, que encabeza Rosa del Carmen Verduzco, bajo el argumento de que el predio se usó para cometer delitos graves.
La justificación que el Ministerio Público presentaría a un juez es que en el albergue se dieron situaciones de trata de personas y secuestro, dos ilícitos que de acuerdo con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pueden dar pie al decomiso de una propiedad privada.
El procedimiento de extinción, subraya la Constitución, es de naturaleza civil y totalmente autónoma del proceso penal. Es decir, el albergue podría pasar a manos del Estado aunque no haya personas sentenciadas por los delitos mencionados.
Funcionarios ministeriales consultados por 24 HORAS señalaron que se está reuniendo la documentación necesaria y analizando las evidencias con la que se cuenta para integrar la demanda federal de extinción que se presentará ante el juez.
En particular, se verifica la situación de cada uno de los inmuebles para revisar si la solicitud aplicaría a todo el complejo en su conjunto. Cabe señalar que en el terreno no solo están los dormitorios y cocinas del albergue, sino también escuelas donde se daban clases, canchas deportivas y otras áreas.
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, para la presentación de la demanda la PGR puede utilizar la información contenida en las averiguaciones previas abiertas bajo los términos del Código Penal o la Ley Federal de Delincuencia Organizada.
En el caso del albergue de Mama Rosa la PGR tiene iniciada una averiguación previa a través de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos de la SEIDO.
En dicho expediente, hasta ahora sustentado fundamentalmente en declaraciones de víctimas, se presume que decenas de niños fueron privados ilegalmente de su libertad. A esto se suman una serie de abusos y maltratos descritos que pueden configurarse como casos de trata de personas.
“El predio está asegurado de forma preventiva por ahora y vamos a indagar si es susceptible de alguna acción” señaló ayer el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, sin dar más detalles.
Indagan destino de donaciones
Dentro de las investigaciones que la PGR tiene en curso relacionadas con el albergue de La Gran Familia, se verifica también la utilización de recursos que instancias públicas y privadas dieron al albergue y que, de acuerdo con los primeros hallazgos, no fueron utilizados en beneficio de los menores que se encontraban internos.
Fuentes ministeriales señalaron a 24 HORAS que las condiciones de las instalaciones no reflejan que se haya utilizado adecuadamente el dinero que se supone recibía la asociación civil que operaba el recinto.
Por ejemplo, en años pasados la corona británica entregó a La Gran Familia recursos para la instalación de un gimnasio en el albergue, pero de acuerdo con las autoridades consultadas no hay aparato alguno.
“Por supuesto que queremos saber sobre todo el destino de esos recursos. Es algo que vamos a revisar”, declaró ayer el procurador Murillo Karam.