Hasta un siglo de cárcel podrían alcanzar los primeros seis consignados del albergue de “La Gran Familia”, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) los acusó en conjunto de trata de personas y secuestro de decenas de menores de edad.
Ayer, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, confirmó que esos fueron los delitos por los cuales la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) decidió proceder en contra de los empleados, la mayoría de ellos administradores y vigilantes del albergue.
Los acusados son Felipe Serrano Gómez, administrador del lugar; Lourdes Verduzco Verduzco, responsable del control de las llaves de las habitaciones y del cuarto de castigo conocido como El Pinocho; y los vigilantes David Rogelio Álvarez Murillo, José Enrique Hernández, Vicente Carlos Félix Durán y Miguel Ángel Ibarra Valenzuela. Todos están presos en un penal federal de Nayarit.
Detalló que el delito de trata de personas consignado en su contra fue en la modalidad de someter a mendicidad ajena, es decir, obligar a una persona (en este caso infantes) a pedir limosna.
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas evidencia que dicho modalidad está contemplada en el artículo 24, con una pena de 4 a 9 años de prisión.
A esto se añade la agravante, contemplada en el artículo 10 de la misma ley, para aquellos que actúen de forma dolosa con el objetivo de albergar a personas víctimas de trata, como ocurre en este caso; dicha situación amerita una segunda sentencia de 5 a 15 años de cárcel.
Además los empleados fueron acusados de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Secuestro, la pena puede ir de 40 hasta 80 años de prisión en los casos más graves.
Según la PGR, en el caso de La Gran Familia, eran centenares los menores de edad privados ilegalmente de su libertad.
La situación de los acusados todavía puede empeorar, luego de que Murillo Karam aseguró que se están integrando las pruebas para acusarlos también de abusos sexuales.
El titular de la PGR aseguró que, hasta ahora, hay más de 150 denuncias distintas de personas que han señalado varios tipos de irregularidades en el albergue propiedad de Rosa del Carmen Verduzco.
Detalló que los delitos que hasta ahora se han imputado corresponden al periodo de enero a mayo de este año, aunque hay denuncias de irregularidades cometidas, por lo menos, desde 2008.
Cuestionado sobre si se indagan a funcionarios omisos en el seguimiento y control del albergue, Murillo afirmó que la PGR está en la fase inicial de la indagatoria, pero prometió que serán verificadas todas las aristas del caso sin distinción de “partidos ni preferencias políticas”.
La Jefa es inimputable
Como 24 HORAS adelantó ayer, Verduzco no será acusada por la PGR debido a su vulnerable condición física y mental.
“(El peritaje) concluye que las facultades cognitivas e intelectuales de la señora Verduzco Verduzco se encuentran disminuidas, que la condición mental y física de la señora la incapacita e imposibilita para llevar el control tanto administrativo y de dirección relativo al control de personal, de trabajadores y alumnos internos de la casa” indicó Murillo Karam.
El procurador añadió que los distintos exámenes evidenciaron que Verduzco, conocida también como La Jefa o Mama Rosa presenta deterioro mental, riesgo de arritmia cardiaca y debilidades motrices.
En ese contexto subrayó que la PGR no procederá en su contra, aunque aseguró también que por esa misma condición está imposibilitada para dirigir de nuevo cualquier tipo de albergue.
Cuestionado sobre si Verduzco era culpable de los delitos, señaló que hay señalamientos en su contra sobre golpes a los menores, aunque aseguró que, al parecer, no tenia conocimiento de las violaciones.
Murillo Karam subrayó que la ley es clara en el sentido de que no se pueden imputar delitos a una persona en la condición en que se encuentra Verduzco, lo que no significa que no se hayan cometido ni que no se acreditaran dicho ilícitos.
Indagan a notario
En el marco de las indagatorias a cargo de la SEIDO, el procurador explicó que se investiga a un notario de Michoacán que, al parecer, avaló contratos ilegales para que los menores fueran retenidos en el albergue de Verduzco.
“Se hacía una especie de compra de menores que parecía una donación con una fe notarial lo cual, por supuesto, es ilegal”, añadió Murillo.
El procurador no quiso relevar el nombre del notario que es investigado, pero de acuerdo con la información que desde 2010 se ha publicado sobre el albergue, es el notario número 2 de Zamora, Michoacán, Luis Fernando Alcocer, quien daba fe de dichos documentos en el albergue.
Empresarios buscarían restaurar poder de Mamá Rosa
Por Ángel Cabrera | Enviado
Mientras que Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, conocida como Mamá Rosa fue llevada la mañana de ayer a Zapopan, Jalisco, para realizarse un cateterismo cardíaco en el hospital Puerta de Hierro, las familias que la apoyan, en su mayoría prominentes empresarios de la región de Zamora, buscan restaurarla al frente del albergue La Gran Familia.
Cabe destacar que algunos de estos empresarios están ligados a la familia de la ex primera dama, Martha Sagahún, y su ex esposo, Manuel Bribiesca Godoy, de hecho, la líder del albergue La Gran Familia quedará bajo el resguardo de amigos cercanos relacionados con la familia de Martha Sagahún.
Una empresaria zamorana, que habló bajo la condición de mantener el anonimato, aseguró que en Zamora y otras entidades se está formando una red de apoyo para tratar de reabrir el albergue, con Mamá Rosa al frente; el apoyo sería bajo la figura de un patronato.
Los empresarios de la región “no la dejaremos sola”, manifestó, y luego de que fue liberada de los cargos, estudian las posibilidades legales que existen para que, con su apoyo, pueda regresar a La Gran Familia.
La empresaria considera que no es justo quitarle el patrimonio que con sacrificios Mamá Rosa forjó durante 60 años en favor de los desprotegidos.
“Ella recibía presos, eran muchos con delitos graves, entonces esa era la diferencia en el trato con sus hijos, los ponían en las noches encerrados, no que a sus hijos los encerrarán, eran a delincuentes, había que tener cuidado de que por el coraje que tenían pudieran hacer algo ahí”, consideró.
Ante lo que llamó un linchamiento de Mamá Rosa, empresarios y amigos darán la batalla para que no le quiten el albergue.
“Vamos a ver cómo está la cosa legal, porque no le pueden quitar algo que es de ella, la obra de Rosa fue muy importante y tiene que continuar”.
A su parecer, con la intervención del gobierno federal “están repartiendo niños como sí fuera baraja y eso no se vale, porque ellos habían creado lazos de familia y para ellos va a ser muy duro”.
Sobre el futuro y la posible creación de un patronato para reabrir el albergue, reveló, “vamos a ver qué pasa con lo legal y cómo responde su salud, pero lo importante son los niños”.
La empresaria, quien mantiene una relación de cercana amistad con Mamá Rosa, reveló a 24 HORAS que existe también un supuesto transfondo económico, pues el albergue está enclavado dentro de la zona de mayor plusvalía de Zamora.
Incluso, aseguró que existe el proyecto de edificar en los terrenos del albergue una tienda departamental.
“Les interesa el terreno y no vamos a dejar que se lo quiten, el día que estuve con ella (Mamá Rosa), me dijo que le ofrecían cantidades millonarias y se negó porque era el hogar de sus hijos”.