Las universidades del país modificarán los planes de estudio de sus licenciaturas y posgrados de derecho, a fin de preparar a las nuevas generaciones acorde al nuevo marco de la reforma de justicia penal, que entrará en vigor en 2016.
Para ello, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la de Gobernación (Segob), así como la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), firmaron un convenio de colaboración, mediante el cual todos los actores involucrados se comprometen a participar en la transformación del sistema penal del país.
En la firma de colaboración estuvieron presentes el secretario general de la ANUIES, Enrique Fernandez Fassnacht; los gobernadores de Morelos, Chihuahua, Puebla y el DF, Graco Ramírez, César Duarte, Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Mancera, respectivamente, así como representantes de la Judicatura federal y autoridades universitarias.
En su discurso, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló la necesidad “de transitar de un modelo inquisitivo actual hacia uno adversarial, que eleve la calidad del proceso penal en términos de la aplicación de la ley, que garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos y haga posible la reparación del daño a las víctimas del delito”.
El funcionario reconoció que no será fácil lograr la implementación de la reforma penal, ya que para poner en marcha el nuevo sistema de justicia es necesario armonizar más de 400 leyes, instalar más infraestructura, diseñar nuevas plataformas tecnológicas y capacitar a los trabajadores.
Al respecto, María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, indicó que antes de que concluya este año, 27 entidades tendrán avances significativos en la implementación del nuevo sistema de justicia.
En entrevista posterior a la firma de convenio, la funcionaria explicó que, a principios de 2015, el Distrito Federal estará listo para implementar la reforma, mientras que Campeche, Sonora, Baja California Sur y Michoacán lo harán de forma gradual a lo largo del próximo año.
Añadió que las dependencias encargadas de la implementación de la reforma ya consideraron las elecciones del próximo año, por lo que están trabajando con los gobiernos donde habrá cambios de administración para que se de continuidad a las acciones que se han concretado en estos meses.
De igual manera, apuntó, hay una estrecha relación con las policías municipales para mantener los programas de capacitación con los elementos de seguridad y evitar que se suspendan con los cambios de gobierno.
ANUIES analiza seguridad en campus
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) analizará la seguridad de las universidades y de los rectores en su próxima reunión, luego de que la semana pasada un grupo armado secuestrara a un funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero, aseguró el secretario general de la asociación, Enrique Fernández Fassnacht
El miércoles de la semana pasada, un comando ingresó a las instalaciones de la rectoría y sustrajo a Abraham Garay Velázquez, director de adquisiciones de la institución, a quien le robaron dinero y, además, le pidieron datos de otros funcionarios con el objetivo de cobrar una cuota.
Horas después, la universidad pagó 250 mil pesos para que liberaran a Garay. Las tres personas se identificaron como miembros de la organización “La Nueva Empresa” y exigieron a la universidad un pago de mensual de tres millones de pesos, a cambio de seguridad.
Ante esta situación, Fernández Fassnacht aseguró que las universidades han implantado sistemas de comunicación, cámaras de vigilancia y otras medidas preventivas que permiten alertar sobre una situación de riesgo.
El secretario general señaló que han identificado problemas en Guerrero, Michoacán y en otras entidades donde la delincuencia afecta a todos los ámbitos sociales. Por ello, el tema se discutirá en la próxima reunión del Consejo Nacional de la ANUIES.