Londres. La primera Cumbre de la Niña, organizada entre el Reino Unido y Unicef, inició ese martes en la capital británica con el objetivo de consensuar medidas globales para erradicar la mutilación femenina y el matrimonio infantil.
Durante toda la jornada, representantes de numerosos países, organizaciones no gubernamentales y víctimas escucharán testimonios y analizarán métodos para poner fin “en una generación” a prácticas que “perjudican a las niñas de manera profunda y permanente”, según dijo el director ejecutivo de Unicef, Anthony Lake.
Los datos difundidos por Unicef indican que, aunque en las últimas tres décadas se ha producido una leve disminución de estas prácticas, existe el riesgo de que vuelvan a aumentar por el hecho de que crece la población, por lo que, de acuerdo con el organismo de la ONU, hay que “acelerar el trabajo”.
Más de 130 millones de niñas y mujeres han sufrido algún tipo de mutilación genital femenina en los 29 países de África y Oriente Medio en los que esas prácticas son más comunes.
Según la organización de protección de la infancia, el matrimonio infantil es aún más común que la mutilación genital femenina y puede ser “causa de desventajas y privaciones de por vida”.
A nivel mundial, más de 700 millones de mujeres han contraído matrimonio siendo niñas y, de ellas, más de una de cada tres -en torno a 250 millones de mujeres- se casaron antes de los 15 años.
Cárcel a padres que no impidan la mutilación
En este marco, el primer ministro británico, David Cameron, anunció una nueva legislación que permitirá procesar en el Reino Unido a los padres que no eviten la mutilación genital de sus hijas, entre otras medidas.
El jefe del Ejecutivo presentó además un programa de prevención por 1.4 millones de libras (1.75 millones de euros) para formar a policías, maestros y trabajadores sociales, a fin de identificar casos de riesgo en este país.
Se calcula que en el Reino Unido hay 170 mil mujeres que han sido mutiladas y 65 mil menores de 13 años en riesgo.
Aunque la ablación es ilegal desde 1985, las primeras denuncias y procesamientos se han producido este año, tras un esfuerzo del gobierno para proteger a las víctimas.